En Unguía, Chocó, Consejero Archila entregó balance de política de Paz con Legalidad y ejecutorias de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Luego de tres años de implementación de la Política de Paz con Legalidad y la ejecución de sus programas de reincorporación, sustitución de cultivos ilícitos y PDET a través de los cuales se han podido focalizar esfuerzos para avanzar en la reparación y restitución de tierras a víctimas de la violencia, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización y Consolidación entregó un balance de su gestión en Unguía, Chocó, uno de los departamentos más afectados por la violencia y donde se cuenta con resultados concretos en la transformación del territorio.

“Hemos logrado recuperar la confianza en el Estado en los territorios más afectados por la violencia”. Así lo destacó hoy Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación en el evento “Víctimas y Restitución de Tierras en la Implementación de la Paz con Legalidad, construir sobre lo construido”, que se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Unguía, Chocó.

El encuentro que convocó a las autoridades indígenas de los resguardos de Arquía, Eyáquera, Cuti y Tanela, así como a la comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario de Cocomaunguía evidenció cómo, a través de la política de Paz con Legalidad y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, se ha logrado avanzar en las medidas de atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras en el país.

En este municipio, la justicia se ha pronunciado restableciendo los derechos territoriales de cuatro comunidades étnicas asentadas en 6.770 hectáreas. Gracias a la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras los jueces especializados han dado el aval para continuar el proceso de cuatro demandas de igual número de comunidades afrodescendientes del norte del Departamento; la última, fue admitida este año, y busca el les sean reconocidas 34.792 hectáreas a 2298 personas de seis comunidades que conforman el Consejo Comunitario Cocomaunguía.

“Hemos cumplido, hemos tenido voluntad política y un compromiso claro y sincero para apoyar a las víctimas que sufrieron esas violencias que no deben volver jamás: ahora debemos construir sobre lo ya construido”, dijo Archila, tras un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas que perdieron la vida en un pasado que no revivirá.
El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade reafirmó el compromiso del gobierno: “las víctimas son el centro de todas las acciones de la política de Paz con Legalidad. En este gobierno hemos demostrado cómo, las víctimas son reparadas con hechos y ratificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad de la reparación integral”, dijo Rodríguez.

Más de 1,1 millones de personas han superado su condición de vulnerabilidad solo en estos tres años, de las 2,5 millones que lo han logrado desde la creación de la Ley. Eso quiere decir que tienen acceso a educación, salud y otros bienes públicos, y un ingreso estable.
A la fecha, cerca de 9.200.000 personas están incluidas en el Registro Único de Víctimas. Se han entregado 1.272.873 indemnizaciones administrativas y judiciales con una inversión de 8 billones de pesos. Con la Estrategia de Recuperación Emocional se ha llegado a 261.237 víctimas. Así mismo, hoy 32 Sujetos de Reparación Colectiva cuentan con su Plan Integral completamente implementado. Se resalta que en el gobierno actual se ha logrado el cierre de 29 de los 32 sujetos y la implementación de 1.196 acciones reparadoras de las 1.896 implementadas históricamente.

Por su parte, Andrés Castro, Director General de la Unidad de Restitución de Tierras manifestó la importancia que tuvo para el país y en especial para las víctimas, la prórroga de la Ley 1448 de 2011 hasta el 2031 y cómo la política de Paz con Legalidad a través de los PDET ha logrado que la entidad pueda responder a solicitudes en zonas a las que no había sido posible llegar antes del inicio del Gobierno de Iván Duque.

Se suma, además, el proceso de restablecimiento de derechos territoriales a favor de comunidades étnicas en donde de las 164 demandas presentadas ante la justicia 131, que corresponden al 79,8%, es gestión de los últimos 3 años.

“Hemos presentando ante la justicia 8.710 demandas para restablecer derechos de comunidades étnicas y campesinas y se han proferido 2.202 sentencias que benefician a 9.700 personas con las que hemos recuperado 153.583 hectáreas de tierra y no contentos con esto aunamos los esfuerzos necesarios para transformar la vida de estas familias haciendo de las zonas rurales de Colombia un campo de emprendedores con la puesta en marcha de 2.093 proyectos productivos con una inversión de $69.600 millones y la firma de 2.254 acuerdos de comercialización a través de Agricultura por Contrato”, enfatizó el Director General Andrés Castro.

Por su parte, el Consejero Emilio Archila, manifestó como los PDET, la reincorporación y la sustitución de cultivos ilícitos han ganado confianza y aceptación por parte de los habitantes en el territorio y enfatizó “La paz es con hechos”.

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