Exrepresentante Nilton Córdoba Manyoma condenado y inhabilitado por escándalo del ‘Cartel de la Toga’.

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo condenatorio contra el exrepresentante a la Cámara por Chocó, Nilton Córdoba Manyoma, en el caso conocido como el ‘Cartel de la Toga’. Córdoba Manyoma ha sido hallado culpable de cohecho por dar u ofrecer, siendo sentenciado a 57 meses y un día de prisión (aproximadamente 4 años y medio) y a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 81 meses (6 años). Además, se le ha impuesto una multa equivalente a 79.16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El caso, que ha sido objeto de intensas investigaciones desde noviembre de 2017, se centró en las acusaciones de que Córdoba Manyoma intentó influir en investigaciones en su contra relacionadas con su tiempo como alcalde municipal de Medio Baudó (Chocó), mediante la entrega de 200 millones de pesos al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz.

El alto tribunal ha destacado en su fallo de 136 páginas que Córdoba Manyoma estaba al tanto del accionar delictivo de la denominada ‘Oficina’ y, a pesar de ello, optó por realizar actos de corrupción para obtener beneficios procesales fuera del marco legal. El fallo acentúa que Córdoba Manyoma, junto con Luis Gustavo Moreno Rivera y Francisco Javier Ricaurte Gómez, actuaron de forma concertada para realizar la transacción ilegal.

La Corte ha expresado que las pruebas analizadas indican que Córdoba Manyoma actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad, al ofrecer y entregar sumas considerables a través de su abogado a un magistrado auxiliar de la Corte, con la finalidad de influir en procesos judiciales a su favor. Además, la Corte ha negado la posibilidad de suspender condicionalmente la ejecución de la pena o conceder prisión domiciliaria, debido a que no se cumplen los requisitos legales para dichos efectos.

Como parte de la resolución, la Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden de captura contra el sentenciado y ha ordenado su reclusión en un establecimiento designado por el INPEC, asegurando así el cumplimiento de la sentencia.

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