La situación de los cultivos de coca en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, según revela el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Durante 2022, el país suramericano registró una extensión de 230.000 hectáreas destinadas al cultivo de coca, marcando un crecimiento del 13% con respecto al año anterior, estableciendo un récord histórico por segundo año consecutivo.
Según la Unodc, este aumento supone un incremento del 24% en la producción potencial de clorhidrato de cocaína, pasando de 1.400 toneladas en 2021 a 1.738 toneladas en 2022. El informe destaca que la tendencia al alza se debe principalmente a la expansión de hectáreas sembradas, combinado con lotes en edades más productivas y ubicados en regiones de mayor rendimiento.
El departamento de Chocó ha sido uno de los más afectados por este fenómeno. Aunque no se menciona explícitamente en los datos iniciales, fuentes internas indican que ha habido un incremento significativo en esta zona del país. Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador, es otra región altamente afectada, registrando un alarmante aumento del 77% en sus cultivos de coca. Varias facciones disidentes de las antiguas FARC operan en este departamento, lo que podría estar influyendo en el auge de la coca.
A nivel nacional, el 65% de estos cultivos se concentran en tres departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Tibú, en Norte de Santander, lidera la lista de municipios con la mayor extensión de cultivos, con 22.000 hectáreas.
El informe de la Unodc también destaca que casi la mitad de los cultivos de coca están situados en zonas de manejo especial, incluyendo Parques Nacionales Naturales y tierras indígenas.
Por su parte, el Gobierno Nacional informa que durante el año pasado se incautaron 106,7 toneladas de pasta base de cocaína, un aumento del 20% en comparación con 2021. Sin embargo, se registró una disminución del 1,5% en las incautaciones de cocaína y una reducción del 18% en los laboratorios ilegales desmantelados.
Se espera que el gobierno y organismos internacionales intensifiquen sus esfuerzos para abordar esta creciente problemática en el país.
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