A más de dos décadas de uno de los enfrentamientos más devastadores en Tadó, Chocó, la mayoría de las víctimas del conflicto armado aún esperan justicia económica. A pesar de la Ley 1448 de 2011, que tiene como finalidad reparar económicamente a las víctimas, un 86% de los habitantes de Tadó aún no han visto un solo peso.
Marta Mosquera, de 86 años, es uno de estos afectados. En enero de 2002, ella y otras 200 familias de El Tapón se vieron forzadas a huir de sus hogares, atrapadas entre el fuego cruzado de las Farc y el Ejército Nacional. Hoy, agobiada por las dolencias y el paso del tiempo, Marta sigue esperando la ayuda del Estado.
Según datos oficiales, de las 8.798 personas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) en Tadó, y de las 7.686 que tienen derecho a atención, solo 1.058 han recibido indemnización. Una gran parte del problema radica en la falta de claridad y comunicación de los procedimientos para acceder a este derecho, tal como lo expresan varios habitantes del municipio.
Yirson Ledezma, personero municipal de Tadó, indica que la situación se debe en gran medida a “situaciones administrativas y falta de presupuesto de la Unidad para las Víctimas”. A esto, se suman tres factores que prolongan la espera: las circunstancias de cada víctima, el análisis individual de cada caso y la disponibilidad del presupuesto anual.
La indemnización varía según la naturaleza del crimen y oscila entre 13 y 52 millones de pesos. Pero incluso con estos montos, el tiempo estimado para la entrega de las compensaciones es incierto. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas Urabá-Darién señala que “los tiempos dependen de las prioridades y los techos presupuestales que tenga el Gobierno”.
Alarmantemente, el presidente Gustavo Petro reveló en abril de 2023 que, bajo las condiciones actuales, el Estado necesitaría 125 años para reparar a todas las víctimas. El valor total de indemnización alcanza los 301 billones de pesos, pero el presupuesto anual es de solo 2.5 billones.
Los habitantes de Tadó, y muchas otras víctimas a lo largo de Colombia, esperan que este llamado de atención acelere los procesos y les brinde la reparación que han esperado durante tanto tiempo.
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