En un giro alarmante de los acontecimientos en el municipio de Juradó, en el departamento del Chocó, Colombia, más de 27 familias han quedado confinadas en medio de violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia sobre esta grave crisis humanitaria, destacando que las poblaciones indígenas están sufriendo desproporcionadamente.
Los enfrentamientos, que tuvieron lugar los días 9 y 10 de diciembre, han forzado a los habitantes a buscar refugio y seguridad, mientras que líderes sociales y más de 140 personas de la comunidad han tenido que desplazarse hacia áreas urbanas debido a amenazas y acusaciones de colaborar con el bando contrario.
En particular, la comunidad Amba Patato ha sido víctima de amenazas y señalamientos similares, lo que ha resultado en el desplazamiento de 137 personas. Además, se reportaron asesinatos trágicos, incluyendo a una mujer indígena y un adulto mayor.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha descrito la situación en Juradó como una crisis humanitaria grave y ha pedido una mayor presencia de la fuerza pública en los territorios afectados. “El control efectivo de la situación y la protección de los derechos fundamentales de las comunidades son esenciales”, enfatizó Camargo.
En respuesta, la regional Chocó realizó un consejo extraordinario de seguridad, comprometiéndose a ejecutar las medidas necesarias para atender las necesidades de la población afectada. La región, hogar de 14 comunidades indígenas repartidas en cuatro resguardos y cinco corregimientos afro, ha sido históricamente vulnerable a la violación de derechos humanos por parte de grupos armados ilegales.
Este último episodio de violencia subraya la urgente necesidad de acciones decisivas para proteger a las comunidades más vulnerables y poner fin a la espiral de violencia en el Chocó.
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