La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y al viceministro Francisco Coy. Ambos enfrentan acusaciones de omitir la implementación adecuada de la Política Integral Migratoria (PIM) en relación con los migrantes que buscan atravesar el Tapón del Darién.
El Ministerio Público ha solicitado a Leyva y Coy que esclarezcan las razones por las cuales, aparentemente, no aplicaron la PIM en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá. Estos municipios son puntos clave para aquellos migrantes que intentan cruzar la frontera entre Colombia y Panamá.
Adicionalmente, los funcionarios deben justificar la supuesta falta de acciones para mantener operativo el Centro de Atención Sanitario, un servicio esencial para quienes ingresan al territorio colombiano por el oriente.
El expediente de la Sala de Instrucción Disciplinaria ha ampliado su alcance al incluir a Carlos Fernando García Manosalva, director general, y a Martha Hernández Arango, subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia.
La principal preocupación del Ministerio Público radica en que la posible ineficacia en la implementación de la PIM en el Tapón del Darién, junto con un control inadecuado de la población migrante en los mencionados municipios, podría constituir un riesgo significativo para la seguridad nacional del país. La investigación busca esclarecer la actuación de los mencionados funcionarios y determinar si hubo negligencia en su deber de garantizar la seguridad y bienestar de la población migrante.
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