La Procuraduría General de la Nación ha instado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a dar respuesta a 15 solicitudes de acreditación de víctimas, 10 individuales y 5 colectivas, presentadas en relación con el macrocaso 04: “Situación territorial, de la región de Urabá”. Estas solicitudes, que aún no han sido atendidas por la JEP, afectan la garantía del derecho a la participación efectiva de las víctimas en los procedimientos judiciales relacionados.
Algunas de las solicitudes de acreditación se han mantenido en espera desde 2021, y otras se presentaron en 2022. Entre las solicitudes colectivas pendientes, se encuentran las presentadas por la Asociación de desplazados de Zungo, embarcadero de Carepa, Antioquia; la Asociación de víctimas de Antioquia de Apartadó (Asovima); y el Colectivo de Víctimas del corregimiento de Churidó, Apartadó.
La Procuraduría ha manifestado su preocupación por el retraso en la toma de decisiones, argumentando que esto afecta el derecho fundamental de las víctimas a participar en el proceso judicial. En palabras del procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, “sin las víctimas no puede haber justicia, restauración ni reparación, mucho menos alcanzar la paz”.
En otro orden de ideas, la Procuraduría también ha solicitado al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, información sobre el cumplimiento de medidas de protección dictadas por la JEP, dirigidas a salvaguardar el territorio perteneciente al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó “Cocolatú”, en el Chocó. Esta región, que es hogar de 21 familias campesinas y alberga áreas de rica biodiversidad, ha experimentado continuas vulneraciones de derechos fundamentales, situaciones que se detallan en el mencionado macrocaso 04 sobre la situación territorial en Urabá y Chocó.
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