Tras la agitación provocada por los recientes conflictos en el río San Juan, la Unidad para las Víctimas intensifica su acción en la región. Esta semana, la entidad ha desplegado esfuerzos para llevar ayuda humanitaria a ocho comunidades ribereñas en la jurisdicción de Sipí, afectadas por confinamientos en 2022.
Un total de 586 kits de alimentos y aseo, equivalentes a 33 toneladas de asistencia, están siendo distribuidos entre los habitantes registrados como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de las comunidades de Barracón, Buenas Brisas, Cañaveral, Chambacú, Charco Hondo, Charco Largo, San Agustín y Barranconcito. Este gesto monumental se ha financiado con una inversión que supera los 400.000 millones de pesos.
Dicha asistencia es una respuesta a los traumas sufridos el año pasado y se lleva a cabo en consonancia con la resolución 00171 de 2016. Esta resolución distingue el confinamiento de otras formas de victimización, como el desplazamiento forzado, y exige medidas especializadas para abordar sus consecuencias.
Con estos recientes enfrentamientos presentando una amenaza renovada de confinamiento y desplazamiento, la población afrodescendiente de la zona sigue en alerta. A pesar de que la guerrilla activa en el río San Juan ha negado restringir la movilidad, la comunidad local expresa un profundo temor por la presencia y acción de grupos armados.
La confusión y preocupación entre los habitantes de Sipí es palpable, ante posibles nuevos enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales. El miedo prevalece, y muchos han reducido sus movimientos como precaución para garantizar su seguridad.
Más allá de la entrega de ayuda, la Unidad para las Víctimas está organizando diálogos con la comunidad de Cañaveral para comprender mejor la situación actual. La jornada contará con la participación de organizaciones internacionales como OCHA, MAPP-OEA y ACNUR, así como entidades locales, incluida la arquidiócesis de Quibdó.
La Unidad mantiene su compromiso, bajo el lema “Cambiamos para servir”, buscando implementar políticas que no solo aborden las secuelas inmediatas del conflicto, sino que también busquen una reparación profunda y sostenible para todas las víctimas.
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