La Secretaría de Educación del Chocó ha emitido un comunicado público abordando la situación actual en torno a los cierres viales y las manifestaciones por parte de operadores indígenas en la región. La Secretaria de Educación, Yina Paola Reales Moreno, ha enfatizado la importancia de mantener la tranquilidad y el orden público, señalando que los bloqueos de carreteras y las acciones directas perjudican a la comunidad chocoana y obstaculizan los procesos de diálogo.
En respuesta a la situación, la Secretaría ha establecido un canal de transparencia para atender todas las solicitudes y resolver cualquier inquietud relacionada con los procesos contractuales en el sector educativo. Según la Secretaria Reales, los operadores indígenas que han cumplido con la presentación de la documentación requerida están avanzando en el proceso contractual sin contratiempos.
La Secretaría ha delineado varias acciones clave desde el inicio del actual periodo de gobierno, el 1 de enero de 2024, para asegurar una contratación indígena eficiente y transparente. Entre estas acciones se incluye una revisión exhaustiva de todos los procesos contractuales y la verificación documental necesaria para garantizar la legalidad y transparencia. Además, cualquier irregularidad detectada será remitida a los entes de control competentes, buscando el acompañamiento de estos para garantizar un acceso digno a la educación para todos los habitantes del Chocó.
Actualmente, la lista oficial de operadores aún no se ha definido, a la espera de la aclaración de avales indígenas pendientes. La Secretaría se compromete a proceder con el proceso contractual solo con aquellos operadores que cumplan con todos los requisitos legales.
La Gobernación del Chocó, por su parte, reitera su disposición para mantener canales de comunicación abiertos, priorizando el diálogo y las soluciones pacíficas en lugar de acciones directas, que según el comunicado, terminan afectando negativamente a la comunidad. La administración departamental enfatiza su compromiso con el beneficio de las comunidades indígenas y el respeto a las decisiones de sus gobernadores en relación con la aprobación de operadores educativos en sus territorios.
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