En un giro impactante, un subintendente y cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron sometidos a arresto domiciliario por su presunta participación en el secuestro, hurto y extorsión de un comerciante y su familia en Mutatá, Urabá antioqueño. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, estos oficiales, vestidos con uniformes de la Policía Nacional y armados, exigieron 50 millones de pesos a la víctima, alegando una falsa orden de captura.
La noche del 27 de febrero, los acusados retuvieron al comerciante y su esposa, recibiendo un millón de pesos en efectivo y pactando la entrega de otros 4 millones. Además, se apropiaron de un reloj valorado en $680.000 y utilizaron vehículos incautados en investigaciones penales previas para cometer el delito.
A pesar de los graves cargos que incluyen doble secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión, hurto calificado agravado, peculado por uso y concusión, el Juzgado Promiscuo Municipal de Mutatá impuso una medida de aseguramiento domiciliaria, argumentando la no obstrucción a la justicia y la cooperación de los acusados con la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía ha apelado esta decisión, argumentando la gravedad de los hechos y la necesidad de una medida de aseguramiento más severa en un centro carcelario. El caso está pendiente de la decisión de los jueces de segunda instancia.
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