Riosucio en Crisis “Embargo millonario sacude las finanzas de Riosucio: La DIAN ejecuta acciones coactivas.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha procedido con un embargo contra el municipio de Riosucio, Chocó, por un valor superior a los dos mil millones de pesos. La medida, contenida en la Resolución Número 2024-0223-000-014 del 8 de febrero de 2024, ha puesto en evidencia las tensiones entre las obligaciones fiscales del municipio y la autoridad tributaria nacional.

El proceso administrativo de cobro coactivo, fundamentado en una serie de normativas tributarias, apunta a una deuda clara y exigible por parte del municipio. De acuerdo con la documentación, la suma específica sujeta a embargo asciende a $2.111.744.000,00. Esta cifra no solo destaca la magnitud de la situación fiscal de Riosucio sino también el impacto potencial en los servicios y proyectos en curso en la comunidad.

El embargo, una herramienta legal permitida por el Estatuto Tributario para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades fiscales, se ha convertido en un motivo de preocupación para los habitantes y líderes de Riosucio. La preocupación principal recae en cómo esta medida afectará la capacidad del municipio para atender las necesidades básicas y financiar iniciativas de desarrollo local.

Esta noticia resalta el desafío continuo que enfrentan los gobiernos locales en Colombia para gestionar sus finanzas de manera sostenible y transparente. También plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas fiscales y de recaudación a nivel municipal y la supervisión del gasto público.

En respuesta a la acción de la DIAN, se anticipa un escrutinio más riguroso sobre la administración de los recursos en Riosucio y un llamado a una mayor responsabilidad fiscal. El desarrollo de esta historia sigue de cerca, ya que la comunidad y los funcionarios públicos buscan caminos para navegar las complejidades de esta situación financiera crítica.

Mientras esto ocurre la opinión pública cuestiona las acciones de la actual administración de Juan Moreno Mena, para poner este y otros casos de aparente corrupción en manos de las autoridades judiciales.

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