Protesta campesina logró primer encuentro entre Autoridades Étnicas del río Truandó, ASOMUDACAR y el Alcalde de Riosucio Chocó, Juan Moreno Mena.

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La retención de maquinaria en la cuenca del río Truandó, Chocó, marcó el inicio de una protesta campesina que exige transparencia y eficiencia en un controvertido proyecto de mejoramiento fluvial.

El conflicto surge en torno al contrato 018 de septiembre de 2021, valorado en más de 11.400 millones de pesos, adjudicado por la alcaldía de Riosucio y la Asociación de Municipios del Urabá Darién y el Caribe (ASOMUDACAR) para la rehabilitación de las cuencas de los ríos Truandó, Chintadó y Quiparadó. Este proyecto, que prometía revitalizar la navegabilidad y el acceso a estas comunidades, se ha visto plagado de retrasos y decisiones cuestionables, evidenciando un preocupante desfase entre las promesas contractuales y la realidad en el terreno.

La situación escaló cuando, el pasado 7 de febrero, las autoridades étnicas y las comunidades afectadas decidieron tomar acción directa ante la falta de avances significativos y la percepción de un manejo inadecuado de los recursos. La retención de maquinaria buscaba presionar por un diálogo constructivo que, finalmente, se materializó en un encuentro el 15 de febrero con representantes municipales y de ASOMUDACAR. Sin embargo, el resultado de la reunión parece haber dejado más preguntas que respuestas, particularmente en lo que respecta al uso y disponibilidad de los fondos asignados al proyecto.

La reunión evidenció una preocupante falta de claridad por parte de ASOMUDACAR y sus contratistas sobre el estado actual de la financiación y ejecución del proyecto. A pesar de los avances declarados y un supuesto excedente financiero, las comunidades y el propio alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena, expresaron su escepticismo y preocupación por los continuos retrasos y la aparente ineficacia en la gestión del contrato.
El proyecto, inicialmente concebido para ser una solución a los problemas de navegabilidad y acceso para las comunidades afrodescendientes e indígenas del área, ha desembocado en un estallido social que refleja las profundas disconexiones entre las promesas gubernamentales y la realidad de la ejecución en proyectos de infraestructura crítica. La ironía de un contrato aún vigente pero sin avances palpables, y la subcontratación a terceros que parece haber complicado aún más la situación, subrayan la urgencia de una revisión y reajuste en la gestión de tales iniciativas.

Este incidente no solo pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la administración de proyectos financiados con fondos públicos, sino que también resalta la importancia de la participación comunitaria en la supervisión de las obras que afectan directamente su entorno y calidad de vida. La firma contratista ASOMUDACAR se enfrentan ahora al desafío de recuperar la confianza de las comunidades, asegurando que los recursos restantes se utilicen de manera que maximicen el impacto positivo en los ríos Truandó, Chintadó y Quiparadó, mientras se mantienen abiertos a la posibilidad de acciones legales que puedan surgir como resultado de este conflicto prolongado.

 

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