En un llamamiento urgente a la opinión pública y a las autoridades de control, representantes de resguardos indígenas en el municipio de Riosucio, Chocó, han expresado su profunda preocupación y descontento frente a la gestión y distribución de recursos financieros asignados para el desarrollo y bienestar de sus comunidades.
El Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato, CAMIZBA, junto a las asociaciones ASOAIBA, ASOWOUDACH y ACIBADCH, han hecho pública una denuncia que pone en jaque la transparencia y eficacia con la que se han manejado los fondos del Sistema General de Participación destinados a los resguardos de La Raya, Perancho, Peranchito, Yarumal, Barranco, Salaquí y Pavarando, así como a los Resguardos Embera Katio y Wounaan del Río Quiparadó, Resguardo Indígena Embera de Peñas Blancas Río Truandó, y el Resguardo Jagual Río Chintadó.
La denuncia se centra en la gestión del exalcalde Conrad Valoyes Mendoza, bajo cuya administración se ha evidenciado una preocupante falta de rendición de cuentas clara y transparente correspondiente a los periodos de 2022 y 2023. Además, de acuerdo a lo manifestado por los denunciantes, se destaca que no se ha concretado la entrega del 100% de los proyectos propuestos y financiados por los resguardos indígenas, dejando en suspenso el progreso y desarrollo prometido a estas comunidades.
Uno de los denunciantes, en representación de los afectados, compartió con nuestro medio de comunicación su inquietud al descubrir que, tras revisar los extractos bancarios y el estado actual de las cuentas, se observaron movimientos financieros inusuales. Estos incluyen entradas de dinero seguidas por salidas en diciembre de 2023, sin que se evidencie la materialización de los proyectos comunitarios propuestos.
Esta situación ha generado una atmósfera de incertidumbre y desconfianza entre las autoridades de los resguardos, quienes se enfrentan a la realidad de no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo sus planes de desarrollo y bienestar comunitario. La ausencia de fondos, sumada a una gestión cuestionable por parte del exalcalde Valoyes, ha llevado a la emisión de documentos oficiales solicitando que los entes de control municipales, regionales y nacionales, incluyendo la Personería, Procuraduría y Fiscalía, intervengan y realicen un seguimiento exhaustivo de la situación.
Las comunidades afectadas, a través de sus representantes, hacen un llamado a la acción inmediata para garantizar la transparencia, eficiencia y justicia en la gestión y distribución de recursos, fundamentales para el progreso y la sostenibilidad de sus resguardos y para la preservación de su rica herencia cultural y social.
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