En un fallo sin precedentes, el Consejo de Estado de Colombia ha condenado al país a pagar una indemnización millonaria por su implicación en la masacre de Riosucio en Chocó, ocurrida en 1996, y por el exterminio sistemático de más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica, confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 20 de diciembre de 1996, Riosucio fue asediado por aproximadamente 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con la presunta complicidad de la Policía y el Ejército Nacional. La masacre resultó en la desaparición forzada y asesinato de numerosos civiles, incluyendo a Benjamín Artemio Arboleda Chaverra, alcalde de Riosucio, y Robinson Martínez Moya.
Tras una extensa investigación y un detallado informe de 34 páginas, el Consejo de Estado determinó la responsabilidad del Estado en estas atrocidades, ordenando una compensación de más de $2.900 millones a las familias de las víctimas. El fallo indica que la fuerza pública permitió el ataque armado, lo que llevó a la Fiscalía 22 Especializada de Derechos Humanos de Bogotá a investigar penalmente a varios miembros de la Policía y del Ejército Nacional.
El Ejército y la Policía Nacional han rechazado las acusaciones. El Ejército argumenta la falta de pruebas que demuestren su omisión o complicidad, mientras que la Policía Nacional se deslinda de cualquier responsabilidad, atribuyendo los hechos a grupos armados al margen de la ley.
Esta sentencia llega tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el exterminio de 6.000 militantes de la Unión Patriótica desde 1984, considerado uno de los casos más representativos de genocidio político en la región. Los crímenes incluyen desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos forzados y amenazas, perpetrados por agentes estatales y grupos armados ilegales.
El caso, que ha durado más de 30 años, representa un momento crucial en la lucha por la justicia y el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en Colombia. La decisión marca un hito en la historia del país, subrayando la importancia de la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas de violencia política.
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