CODECHOCÓ enfatiza graves consecuencias legales y sanciones por provocar incendios forestales.

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La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ) ha emitido un comunicado enfatizando las severas repercusiones administrativas, penales y pecuniarias que conlleva provocar incendios forestales, en un contexto marcado por los crecientes efectos de la temporada de menos lluvias en municipios como Acandí, Unguía, Carmen del Darién, Riosucio y Bagadó. Estos efectos incluyen bajas precipitaciones y altas temperaturas, aumentando la amenaza de incendios en la cobertura vegetal.

En base a las visitas técnicas y reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), CODECHOCÓ advierte que individuos, empresas o comunidades responsables de actividades que resulten en incendios forestales enfrentarán rigurosas sanciones. Estas no solo abarcan la responsabilidad sobre los daños causados al medio ambiente, incluyendo el suelo, subsuelo, fauna, flora y la emisión de gases a la atmósfera, sino que también involucran significativas consecuencias administrativas y pecuniarias.

De acuerdo con la Ley 1333 de 2009, CODECHOCÓ está facultado para iniciar procesos sancionatorios administrativos y pecuniarios. En caso de un incendio forestal, la Corporación primero impone medidas preventivas, como la suspensión de actividades. Posteriormente, puede abrir un proceso administrativo que puede resultar en multas sustanciales, hasta $5.000 mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, determinadas según el impacto ambiental causado.

Además, la legislación colombiana establece serias penas penales para aquellos que causen incendios forestales. Según la Ley 599 del 2000 y la Ley 2111 de 2021, los responsables pueden enfrentar condenas de hasta 15 años de prisión, en casos tipificados como delitos penales relacionados con daños en recursos naturales, deforestación, ecocidio e incendios.

En su esfuerzo por garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, CODECHOCÓ, conforme al artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, remitirá los casos pertinentes a la Fiscalía General de la Nación, asegurando así que se avance en la acción penal cuando sea necesario. La entidad reitera su compromiso con la preservación del medio ambiente y con la aplicación rigurosa de las leyes para prevenir y sancionar cualquier actividad que ponga en riesgo la cobertura vegetal y la biodiversidad de la región.

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