La preocupación crece en Riosucio a medida que la gestión del alcalde Conrad Valoyes sigue siendo objeto de críticas. Una vez más, el mandatario local, conocido por sus recurrentes ausencias en eventos de relevancia, ha dejado plantados a líderes sociales, consejos comunitarios y a representantes de la Procuraduría General de la Nación en un encuentro programado para discutir cuestiones vitales relacionadas con compromisos adquiridos con las comunidades étnicas durante 2021 y 2022.
La Procuraduría, mediante su delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos, ha manifestado serias inquietudes respecto al avance de la Alcaldía de Riosucio en el cumplimiento de acuerdos esenciales, como la entrega de una retroexcavadora para tareas en la cuenca del río Salaquí y el traspaso de fondos especiales a resguardos indígenas. Pese a que se efectuaron dos visitas administrativas para solicitar información detallada, la Procuraduría ha detectado un notable estancamiento en la ejecución de dichos acuerdos y un evidente vacío en la presentación de datos relacionados.
El malestar entre las comunidades étnicas es palpable. Esas mismas comunidades, a pesar de la afirmación de la Procuraduría General sobre la falta de fondos para cubrir gastos de transporte, decidieron sufragar por sí mismas los costos para asistir a la reunión en el Salón Pastoral social de Riosucio este 6 de octubre. Sin embargo, su esfuerzo y disposición fue en vano, pues el señor Valoyes, siguiendo con su polémica costumbre, decidió no presentarse, exacerbando el sentimiento de descontento y burla entre los asistentes.
Además de los cuestionamientos previos, las comunidades indígenas han elevado alarmantes denuncias sobre presuntos malos manejos de los recursos que les corresponden. Afirmaciones, que llegan a nuestros oídos, hablan de graven casos de corrupción y desviación de fondos, destinados para proyectos comunitarios y programas de desarrollo, que habrían terminado en manos equivocadas.
Las voces de los líderes indígenas resuenan con fuerza y desesperación, clamando por transparencia y respeto a sus derechos. Las denuncias compartidas con nosotros, que anexamos al final de este escrito, evidencian una posible red de corrupción que se teje desde las oficinas gubernamentales, afectando directamente a las comunidades que deberían ser beneficiarias.
Estas acusaciones, de confirmarse, no sólo pondrían en jaque la gestión del alcalde Valoyes, sino que también revelarían una profunda crisis ética y moral en la administración de Riosucio. Las comunidades indígenas, guardianes ancestrales de sus tierras y tradiciones, demandan justicia y una investigación exhaustiva para esclarecer estos hechos y asegurar que los recursos destinados a su bienestar sean utilizados de manera adecuada y justa.
La Procuraduría, ante la gravedad de estas nuevas denuncias, está en la obligación de ampliar su investigación y garantizar que las voces de estas comunidades no queden en el olvido. La integridad y el bienestar de las comunidades indígenas no puede seguir siendo comprometida por acciones que atenten contra su futuro y el de sus generaciones venideras.
Se espera que, en las próximas horas o días, haya una respuesta oficial por parte de la Alcaldía sobre esta nueva ausencia del alcalde Conrad Valoyes. Mientras tanto, la comunidad y las entidades de control aguardan con urgencia soluciones reales y un compromiso palpable con los asuntos pendientes.
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