La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera, por la presunta omisión para garantizar los servicios del Programa de Alimentación Escolar, con lo que pudieron verse afectados más de 60 mil niños, niñas y adolescentes.
La Regional de Instrucción de Chocó sostuvo que en este segundo semestre de 2023 la operación habría sido suspendida, y que a pesar de que los menores retomaron sus actividades académicas desde inicios de julio, y del compromiso de normalizar el PAE desde el 15 de agosto, en 16 municipios no hubo suministro de alimentos.
Por la misma razón, el Ministerio Público abrió investigaciones disciplinarias a los 16 alcaldes municipales de Carmen de Atrato, Bahía Solano, Medio San Juan, Medio Atrato, Río Quito, Río Iro, Bojayá, Condoto, Bajo Baudó, Nóvita, Lloró, Cantón de San Pablo, Río Sucio, Medio Baudó, Sipí y Nuquí, lugares en los que tampoco se ha cumplido con los compromisos adquiridos en materia de alimentación escolar.
El Ministerio Público decretó la práctica de varias pruebas tendientes al esclarecimiento de la situación y señaló que la actuación disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
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