La preocupante situación de seguridad en Colombia ha llevado al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El propósito es salvaguardar la vida y derechos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros y candidatos a puestos electorales que actualmente enfrentan amenazas directas de grupos armados ilegales.
Dicha solicitud responde al alarmante número de intimidaciones registradas hacia 35 servidores públicos y 42 candidatos en departamentos como Caquetá, Norte de Santander, Chocó, y más. Ante el inminente peligro que enfrentan estas figuras y los participantes en el ambiente electoral, Camargo Assis describió estas medidas como “extremas, urgentes y prioritarias”.
En un reciente encuentro con Joel Hernández García, Comisionado y Relator para Colombia, el Defensor del Pueblo resaltó la crucial labor del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y enfatizó en la necesidad de que la CIDH respalde dicho sistema, dada la gravedad de la situación.
De acuerdo a los informes, hay 26 alcaldes que actualmente desempeñan sus labores fuera de sus municipios debido a las amenazas. Adicionalmente, la Defensoría ha identificado 113 municipios en riesgo extremo y 286 en alto riesgo, evidenciando la probabilidad de actos que vulneran los derechos humanos.
Los principales responsables de estas amenazas son grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las FARC.
El Defensor del Pueblo concluyó su declaración apelando a la humanidad: “A todos, absolutamente a todos, se les debe respetar y garantizar la vida. Esperamos una respuesta satisfactoria de la CIDH, pues nuestra misión es anticipar, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones durante el proceso electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos deben ser prioridad”.
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