En un llamado urgente, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional una atención inmediata para los habitantes del Medio San Juan, en el departamento de Chocó. Esto tras enfrentamientos intensos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), que han dejado a 50 comunidades, especialmente indígenas y afrodescendientes, al borde del desplazamiento y el confinamiento.
Según el monitoreo llevado a cabo por la Defensoría, estas comunidades se encontraron en una situación extremadamente precaria debido a los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. La lucha por el control territorial y social del municipio y sus alrededores ha llevado a un clima de inseguridad y peligro constante.
El 14 de agosto pasado, los choques armados entre ELN y AGC desencadenaron una serie de eventos que afectaron gravemente la vida cotidiana de las comunidades. El ELN decretó un paro de 24 horas, lo que resultó en restricciones de movilidad en el río San Juan entre el 16 y 17 de agosto. Esto tuvo un impacto devastador en la vida de las personas, impidiendo el acceso a parcelas, la atención médica y la circulación de alimentos esenciales.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado al Gobierno Nacional, particularmente al comisionado de Paz y a las instituciones pertinentes, para que tomen acción inmediata en el área afectada. La atención y los derechos de estas comunidades deben ser garantizados, y los grupos armados ilegales deben respetar los derechos humanos y el derecho Internacional Humanitario.
Un equipo de profesionales de la Defensoría se encuentra en el terreno, supervisando la situación y tomando medidas para abordar los problemas urgentes. Entre estos, se incluye la necesidad de tratar un brote de malaria en la comunidad de Sipí y asegurar el abastecimiento de medicamentos.
La Defensoría del Pueblo también ha hecho hincapié en las advertencias previas en el departamento de Chocó. De los 31 municipios en la región, 27 tienen Alertas Tempranas por acciones armadas entre 2018 y 2023. Estos documentos de advertencia buscan proteger a las comunidades de una serie de vulneraciones a los derechos humanos, como desplazamientos masivos, reclutamiento de menores, extorsiones y problemas ambientales, entre otros.
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