La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio del Interior a garantizar la seguridad de 12 alcaldes amenazados por grupos armados ilegales en siete departamentos del país, incluyendo Chocó, para permitirles regresar a sus municipios de origen.
El ente de control se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo en la demanda de un plan de acción integral. Este plan incluiría estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para enfrentar la difícil situación que enfrentan los funcionarios en riesgo.
De acuerdo con el Ministerio Público, los alcaldes de Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar en Chocó, se encuentran entre los funcionarios que ejercen sus funciones fuera de sus municipios debido a amenazas de violencia.
La Procuraduría General de la Nación ha hecho hincapié en la necesidad de una presencia institucional y medidas de protección en aquellos municipios donde las condiciones de seguridad actuales impiden que los funcionarios lleven a cabo sus tareas. Esta presencia es vital para garantizar la gobernanza y gobernabilidad territorial.
Además, se pidió un reporte detallado sobre las acciones emprendidas y las que se planean para abordar este problema, así como el plan de acción con medidas específicas para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados.
Finalmente, la Procuraduría recordó que ha desplegado una estrategia preventiva de seguridad integral en colaboración con diversas entidades, con el objetivo de generar alternativas para mitigar la violencia y la criminalidad en el territorio nacional.
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