Las autoridades enfrentan una crítica realidad en la que muchos funcionarios públicos deben ejercer sus funciones fuera de sus localidades debido a las amenazas de grupos armados. Este fenómeno se ha hecho particularmente evidente en el departamento del Chocó, donde un número significativo de alcaldes han tenido que abandonar sus localidades para proteger sus vidas e integridad.
La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe alarmante que revela la magnitud de la situación en 17 departamentos del país, donde los funcionarios públicos, incluyendo alcaldes, concejales, personeros y diputados, se encuentran bajo amenazas. La violencia generada por las confrontaciones entre estructuras armadas ilegales ha puesto a 17 municipios en alto riesgo, obligando a 12 alcaldes de siete departamentos a abandonar sus territorios para protegerse.
Chocó es el departamento más afectado, con alcaldes de las localidades de Bagadó, Río Iró, Sipí y San José del Palmar ejerciendo sus funciones desde otras jurisdicciones debido al accionar violento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN. En el caso de Río Iró, incluso se reportó un atentado con explosivo contra el alcalde, solo tres días después de emitirse una alerta de riesgo para ese municipio.
La Defensoría del Pueblo solicita a las entidades competentes y a las fuerzas de seguridad del Estado adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional en las áreas en riesgo. Insiste en la importancia de proteger los derechos a la vida, a la integridad, al trabajo y a la libre movilidad de los funcionarios y la población en general, activando mecanismos de prevención y coordinación interinstitucional para abordar la crítica situación de seguridad.
El informe de la Defensoría resalta que la situación en Chocó es especialmente preocupante, ya que, además de los alcaldes, comunidades pertenecientes a consejos comunitarios en Nóvita, Sipí y Medio San Juan han tenido que desplazarse de manera forzada o quedarse confinadas en sus propias viviendas debido a la presencia de grupos armados.
A pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría y la respuesta rápida de la fuerza pública, 15 municipios en el Chocó continúan en riesgo extremo debido a la expansión, confrontación armada y extorsiones sistemáticas de los grupos armados ilegales. La entidad llama a las fuerzas de seguridad del Estado a atender el clamor de estas poblaciones en riesgo y a cumplir con su deber de proteger sus derechos fundamentales.
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