Estarían engañando a víctimas con fines politiqueros en Urabá.

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Con la promesa de agilizar los procesos de reparación individual, algunas personas están realizando convocatorias para supuestamente entregar indemnizaciones u otros trámites en el municipio de Acandí (Chocó), por lo que la Unidad para las Víctimas advierte no entregar ningún tipo de documentación de sus procesos a terceros.

La Dirección Territorial Urabá-Darién de la Unidad para las Víctimas rechaza las convocatorias y menciones de sus programas y proyectos para fines particulares por parte de aspirantes a algún cargo político o de tramitadores que, valiéndose de cualquier medio en Acandí y la subregión de Urabá-Darién, aseguran agilizar la entrega de indemnizaciones a víctimas del conflicto, hecho que transgrede el ordenamiento jurídico y lo establecido en la Ley 1448 de 2011.

Ante este hecho, la entidad aclara que sí hay unos criterios de priorización que permiten agilizar la entrega de indemnizaciones, que están contemplados en la resolución 582 de abril del 2021, que prima los pagos de indemnizaciones administrativas a mayores de 68 años, personas con discapacidad o con alguna enfermedad catastrófica y que para dar cumplimiento a estos procesos no realiza convocatorias por cadenas de WhatsApp o redes sociales, ni dispone de personal particular que reciba datos e información confidencial en Acandí ni en los demás municipios de la subregión de Urabá-Darién.

Debido a esta situación, la entidad orienta a las personas de abstenerse de realizar cualquier tipo de pago y pide que acudan a los canales directos de atención como centros regionales y puntos habilitados en articulación con los entes territoriales o acceder a los canales virtuales a través de la página www.unidadvictimas.gov.co, la línea gratuita nacional 018000911119, la línea en Bogotá 4261111 o escribir al correo electrónico: grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co.

También pide denunciar estas situaciones, para lo que garantiza absoluta reserva, con el fin de desarticular y aplicar la ley a las redes de tramitadores que comercializan o hacen proselitismo político con la información de las víctimas.

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