En lo corrido de la emergencia sanitaria causada por el COVID – 19, 42 campesinos que recuperaron sus parcelas en 18 veredas ubicadas en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo y Necoclí recibieron recursos para emprender proyectos productivos agrícolas y ganaderos. Esto tras recibir su sentencia de restitución de tierras, que años atrás abandonaron por la presión de grupos armados ilegales.
Un total de $ 589.346.150 fueron distribuidos entre 42 familias que han recuperado sus tierras en zona rural de los municipios de Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo y Necoclí. Los recursos fueron destinados para la compra de animales, insumos y materiales que apoyan la producción de yuca, cacao y plátano, además de la ganadería de levante de cebo, silvopastoril y doble propósito.
El trabajo se adelanta con el acompañamiento de los técnicos del área de proyectos productivos de la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Apartadó. El Programa de Proyectos Productivos brinda acompañamiento a los beneficiarios de hasta 24 meses y tiene como finalidad apoyar el emprendimiento de las familias que regresan a sus tierras. Ellos eligen una línea productiva apropiada a su vocación y a las condiciones agroclimáticas de la región y reciben asesoría técnica para hacerlos sostenibles de acuerdo con las exigencias de los mercados. Además, las iniciativas les permiten garantizar su seguridad alimentaria.
Para Dayra Reina Hernández, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Apartadó, esta asignación de recursos es una nueva oportunidad para los hogares restituidos. “Las familias favorecidas con fallos de restitución de tierras encuentran en el programa de Proyectos Productivos el impulso para romper la trampa de la pobreza y la desigualdad. Esta asignación de recursos que es programada y cuenta con asistencia técnica por dos años, garantiza a mediano plazo, que estas familias puedan transformar sus vidas”, dijo.
El trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras es resaltado por María Nubia Vera, quien recuperó su predio en zona rural del municipio de Turbo después de 23 años de haber sido desplazada. “La violencia nos obligó a dejar la parcela y a pasar todo tipo de necesidades. Ahora junto con mis hijos estamos muy contentos porque estamos cultivando, podemos pensar en educación y contar con mayor tranquilidad al tener nuestro predio debidamente titulado y con recursos para hacerlo productivo”.
Con los recursos desembolsados María Nubia pudo fortalecer su cultivo de plátano, construir un pozo profundo y una bodega para tecnificar su proceso de producción, esto se ve reflejado en un precio más rentable de su producto en el mercado.
Por su parte, Sneider Flórez Restrepo, otro beneficiario que ahora retoma su vida productiva en la propiedad que fue de sus padres, relató “para mí es satisfactorio que nos devolvieran la parcela, siempre quise emprender una empresa agropecuaria, con este apoyo podemos desarrollar este sueño. Con los recursos asignados pudimos realizar los canales primarios y secundarios para el cultivo de plátano, además de comprar semillas para el mismo proyecto”.
Además, una reciente investigación del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes concluyó que los proyectos implementados por la Unidad son sostenibles en el tiempo, incluso cuando termina la intervención de la entidad y reducen la pobreza de los hogares entre 8% y 14%.
En la región del Urabá se han restituido 14.000 hectáreas y se han desembolsado recursos por valor de $4.796 millones a lo largo de la vigencia de los nueve años de la Ley para el desarrollo de proyectos productivos, los cuales han transformado los territorios que por años han sido afectados por la violencia.
