La procuraduría General de la Nación, abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, y ordenó su suspensión por 3 meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.
