En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Riosucio-Chocó declaró en desacato al alcalde Juan Moreno Mena por no cumplir con la sentencia de tutela que le ordenaba garantizar condiciones dignas para la educación de los niños, niñas y jóvenes de la Institución Educativa Antonio Ricaurte, sede Las Américas. Como consecuencia, el juez impuso una sanción de un (1) día de arresto y una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que inicien las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.
Un fallo incumplido y una comunidad afectada
El proceso tuvo origen en una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Eduar Alberto Moreno Sánchez, quien solicitó la protección del derecho fundamental a la educación, alegando que las condiciones de la sede educativa en mención ponían en riesgo la vida e integridad de los estudiantes y docentes. En octubre de 2024, el Juzgado falló a favor del demandante y ordenó al Municipio de Riosucio-Chocó la adopción de medidas urgentes, incluyendo:
• Elaboración e implementación de un plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones adecuadas.
• Medidas provisionales en un plazo no mayor a 30 días para evitar la exposición de los estudiantes a condiciones inseguras.
• Informes trimestrales al Juzgado sobre los avances en la ejecución de las órdenes judiciales.
Sin embargo, al vencerse los plazos estipulados y tras varios requerimientos del Juzgado, la administración municipal no presentó pruebas suficientes que evidenciaran el cumplimiento de las órdenes impartidas, limitándose a manifestar que estaba adelantando gestiones ante otras entidades.
Sanción ejemplar y advertencia judicial
En su resolución, el Juzgado determinó que el alcalde Juan Moreno Mena incurrió en una conducta omisiva y negligente, evidenciando una falta de diligencia en la ejecución del mandato judicial. En consecuencia, el juez decidió sancionarlo con un (1) día de arresto y una multa económica, subrayando que esta sanción no exime al mandatario local de su responsabilidad de cumplir con lo ordenado en la tutela.
Adicionalmente, el Juzgado ordenó remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si el incumplimiento del fallo podría constituir un delito penal, y a la Procuraduría General de la Nación para que determine posibles sanciones disciplinarias contra el alcalde.
Impacto y reacción de la comunidad
El fallo ha generado un fuerte impacto en la comunidad educativa y en la opinión pública de Riosucio, Chocó. Padres de familia, docentes y estudiantes han manifestado su preocupación y rechazo ante la falta de acciones concretas para mejorar las condiciones de la sede educativa Antonio Ricaurte – Las Américas, exigiendo a la administración municipal el cumplimiento inmediato de las órdenes judiciales.
Algunos líderes comunitarios han señalado que este caso es un reflejo de la desatención histórica que ha sufrido la educación en la región, donde la falta de infraestructura adecuada ha sido una problemática constante. “Es inadmisible que se tenga que llegar a sancionar a un alcalde para que se respeten los derechos de nuestros niños y jóvenes”, expresó un líder comunal que prefirió no ser identificado.
Por su parte, la administración municipal aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la sanción impuesta por el Juzgado.
Un precedente para la protección de los derechos fundamentales
Este fallo sienta un precedente importante en la lucha por la garantía del derecho a la educación en Riosucio, Chocó, y en otras regiones del país donde persisten problemas similares. La decisión del Juzgado no solo busca sancionar el incumplimiento de un fallo de tutela, sino también reafirmar la obligación de las entidades estatales de garantizar condiciones dignas para el acceso a la educación.
Con la sanción impuesta, se espera que la administración municipal actúe con mayor celeridad para cumplir con lo ordenado en la sentencia del 22 de octubre de 2024, de lo contrario, podrían aplicarse nuevas sanciones más severas.
La comunidad educativa y los entes de control estarán atentos al desarrollo de este caso, que pone en evidencia la importancia de la vigilancia judicial para hacer valer los derechos fundamentales de la población.
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