En un importante giro en la lucha por la tenencia de la tierra en Colombia, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha iniciado un proceso de revocatoria de más de 30 mil hectáreas de tierras en el municipio de Sipí, Chocó, que hasta ahora estaban en posesión de la empresa Eightfold. Este movimiento responde a una demanda interpuesta por el Consejo Comunitario de Acadesan, que denuncia la presunta ilegalidad del título de estas tierras por traslaparse con su territorio ancestral.
La disputa, que ha durado años, señala la complejidad y sensibilidad de los derechos de tierras en Colombia, especialmente en áreas con rica diversidad étnica y ambiental. El territorio en cuestión, de aproximadamente 32.450 hectáreas, fue adjudicado en 1990 por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) a Elvar Córdoba Delgado, un vallecaucano desconocido en la región. Sin embargo, esta adjudicación se traslapa con el título colectivo del Consejo Mayor Comunitario General del San Juan (Acadesan), generando preocupaciones sobre la apropiación indebida de tierras ancestrales.
Una investigación detallada por VerdadAbierta.com reveló varias irregularidades en la adjudicación de estas tierras, que finalmente pasaron a manos del ciudadano canadiense Daniel Alexander White, tras una serie de transacciones entre empresas y particulares en Colombia, Panamá, Estados Unidos y Canadá.
La decisión de la ANT de revocar el título no solo se basa en la preocupación por la legalidad y la justicia, sino también en la necesidad de proteger los derechos de las comunidades negras e indígenas de la región. Esta medida es vista por muchos como un paso significativo hacia la justicia territorial y la protección de los derechos de las comunidades étnicas en Colombia.
La revocatoria, anunciada oficialmente el 16 de noviembre, es el resultado de un largo proceso administrativo y judicial que incluyó requerimientos de jueces y procuradores judiciales de restitución de tierras, así como presiones por parte de Acadesan. La comunidad negra, que ha luchado incansablemente por esta causa, recuerda que la decisión de la ANT es el fruto de su prolongada batalla y no un acto de oficio de la entidad estatal.
El caso de Sipí y la revocatoria de las tierras de Eightfold resaltan la complejidad de los conflictos de tierras en Colombia, donde la legislación, los derechos étnicos y los intereses empresariales a menudo chocan. La decisión de la ANT es un recordatorio de que, en estas disputas, la justicia y la protección de los derechos ancestrales deben prevalecer.
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