La Defensoría del Pueblo de Colombia ha realizado un llamado urgente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que levante el paro armado que ha impuesto en varios municipios del departamento del Chocó. Esta solicitud surge en un momento crítico, justo antes del inicio del quinto ciclo de diálogos de paz entre el grupo armado y el Gobierno Nacional.
El paro armado, comunicado por el frente Ernesto Che Guevara del ELN, afecta los ríos Cajón, Sipí, San Juan y los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan. Según el comunicado 437 de la Defensoría, emitido el 29 de noviembre de 2023, este paro armado tiene consecuencias graves para las comunidades de la región, impactando directamente a unas 80 comunidades étnicas, lo que equivale a aproximadamente 10.000 personas.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha expresado su preocupación por los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. “El paro armado restringe la movilidad, impide el abastecimiento de alimentos y obstaculiza las actividades cotidianas de los habitantes, como el trabajo en el campo y la pesca”, indicó Camargo Assis. Además, ha instado a los grupos armados a excluir a la población civil de sus acciones bélicas, recordando que los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario.
Este nuevo paro armado, el sexto decretado por el ELN en Chocó durante el año, se produce en un contexto de continuos combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el ELN, con el objetivo de controlar territorios clave en la región.
Además, la Defensoría del Pueblo ha resaltado la grave situación humanitaria en Chocó, señalando que es el departamento con más confinamientos en el país, con 125 eventos registrados solo en 2023. Desde 2018, la entidad ha emitido 42 Alertas Tempranas para 27 de los 30 municipios de Chocó, advirtiendo sobre riesgos para la población.
Camargo Assis concluyó haciendo un llamado a las autoridades territoriales para proporcionar ayuda humanitaria a las familias afectadas y a la fuerza pública para garantizar la seguridad en las zonas afectadas por restricciones de movilidad. La situación en Chocó continúa siendo crítica, y la Defensoría del Pueblo busca activamente soluciones para proteger los derechos y la integridad de sus habitantes.
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