La Gobernación del Chocó ha presentado una respuesta ante la controversia generada por la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra del gobernador Ariel Palacios Calderón y el secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera. La investigación se originó debido a la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que afectó a 60.000 niños del departamento.
El cese del servicio de alimentación escolar se produjo durante el segundo semestre de 2023, desde la primera semana de julio, en los colegios oficiales del Chocó. Pese al compromiso de la Gobernación de regularizar el servicio el 15 de agosto, 16 municipios aún no cuentan con este vital programa.
Según la Gobernación, a la fecha, 14 de los 31 municipios del departamento ya han restablecido el PAE. Se espera que 17 municipios más retomen el servicio en breve.
La Gobernación argumentó que la causa de la suspensión del PAE fue el retraso en la asignación de recursos por parte del Ministerio de Educación. Estos fondos, destinados para el semestre que comenzó en julio, fueron otorgados el 8 de agosto. Adicionalmente, el departamento resaltó que usó recursos propios de regalías para financiar el PAE durante los primeros dos meses del semestre.
También señalaron que, desde marzo, el Ministerio de Educación había solicitado al Congreso un aumento en los recursos para el PAE, pero no se obtuvo respuesta.
La Gobernación del Chocó finalizó su comunicado reiterando su compromiso con la alimentación y bienestar de los niños y adolescentes del departamento, asegurando que: “Estaremos prestos para aportar todas las pruebas y documentos de rigor que den cuenta de las acciones realizadas para que niños, niñas y adolescentes del Departamento accedan a la alimentación complementaria, aportando así, a su calidad educativa”.
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