Los pasados 19 y 20 de septiembre, la ciudad de Quibdó, en el Chocó, fue escenario del Encuentro Nacional de coordinadores de las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de Víctimas. Representantes de diversas regiones del país y del exterior se dieron cita para dialogar sobre la crisis humanitaria, la reforma de la Ley 1448 de 2011 y el papel de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Una de las principales preocupaciones manifestadas por los coordinadores fue la necesidad de fortalecer las medidas de protección para lideresas y líderes. A esto se suman las 248 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2018, llamando a las entidades gubernamentales a actuar frente a las amenazas y vulneraciones a los derechos humanos en distintas regiones.
Humberto Ariza Vega, coordinador de la Mesa de Víctimas de San Andrés Islas y Santa Catalina, subrayó la importancia de que las autoridades y el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV) atiendan las problemáticas regionales. “Las violaciones a los derechos humanos continúan”, declaró Ariza Vega, solicitando acciones reales y efectivas, en especial para los territorios fronterizos golpeados por la violencia.
Por su parte, Blanca Yoli Real Gonzáles, coordinadora de la Mesa departamental de víctimas de Vichada y del comité ejecutivo de la Mesa Nacional, hizo un llamado para que los acuerdos y documentos surgidos de este encuentro no queden en el olvido. “Esperamos que realmente seamos incluidos en todos los procesos de paz, reformas y resoluciones”, expresó.
Las jornadas también contaron con la participación de delegados de la Unidad para las Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Policía Nacional, la Gobernación del Chocó, entre otras entidades, demostrando el interés y compromiso de diversos actores para atender las demandas de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
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