La creciente contaminación de mercurio en el río Atrato sigue siendo un problema sin resolver para Colombia, seis años después de la sentencia T-622 de la Corte Constitucional que falló en favor de las autoridades étnicas de la región. La inacción del Estado frente a la minería ilegal ha resultado en un crecimiento exponencial de la contaminación, con el mercurio -la sustancia no radioactiva más tóxica del planeta- continuando siendo utilizado en la extracción minera.
Desde 2018, el uso de mercurio está prohibido en Colombia, pero la falta de regulación en la minería ilegal ha permitido que su uso persista. La nación es ahora el tercer país más contaminado con mercurio en el mundo, contribuyendo con 75 toneladas anuales, superada solo por China e Indonesia.
Estudios preliminares realizados por la Universidad de Córdoba han revelado que en algunos municipios, más del 90% de la población estudiada presenta niveles de mercurio que superan en 40 veces los límites permisibles. Además de la preocupación por el mercurio, los resultados también señalan riesgos asociados con otros metales como el plomo y el cadmio.
A pesar de que la minería ilegal sigue siendo el problema central, los esfuerzos del Estado para controlarla han sido infructuosos y han carecido de la voluntad necesaria para desmantelar las complejas redes comerciales y actorales implicadas en la cadena del oro.
Según datos de la Policía de Colombia, desde 2016 hasta 2022 se realizaron en promedio 12 operativos al año en los 10 municipios del Atrato con presencia de este tipo de minería. Sin embargo, en ese mismo periodo, las hectáreas afectadas por esta actividad aumentaron un 18%, pasando de 28.015 a 33.052.
En los últimos seis años, la situación ha empeorado. La falta de enfoque diferencial hacia la minería tradicional de bajo impacto ha llevado a que esta sea la principal receptora de la persecución militar, mientras que la minería ilegal de alto impacto continua creciendo. Además, la contaminación persistente está afectando no solo a las comunidades locales sino también a los ecosistemas, con la destrucción de bosques y ríos.
Para revertir esta situación, es imprescindible que el Estado tome medidas más contundentes para erradicar la minería ilegal y para hacer cumplir las regulaciones existentes sobre el uso del mercurio. Mientras tanto, el río Atrato y las comunidades que dependen de él siguen soportando las consecuencias de esta problemática ambiental y de salud pública sin resolverse.
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