Procuraduría Urgente Aplicación de Medidas Cautelares a 21 Familias Reclamantes de Tierras en Chocó y Solicita Respuesta del Mininterior.

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La Procuraduría General de la Nación ha solicitado de manera urgente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, información sobre la implementación de medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para proteger a 21 familias campesinas en Chocó.

Estas familias, reclamantes de tierras en la vereda Guacamayas, corregimiento de Macondo, en Belén de Bajirá, Chocó, así como las zonas de biodiversidad Árbol del pan y La Madre Unión, han sido objeto de vulneraciones de derechos fundamentales. La medida cautelar busca garantizar la protección del territorio perteneciente al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatú), en una región donde las amenazas persisten.

La Procuraduría, bajo la dirección del procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, ha pedido además la consolidación del inventario de órdenes, recomendaciones de Alertas Tempranas, medidas contenidas en actos administrativos de protección individual y colectiva, y otros instrumentos de prevención y protección relacionados con las comunidades y el territorio de Cocolatú.

También se ha solicitado copia del plan de trabajo formulado por la Mesa de Articulación, con las actas de las reuniones y sesiones que se realizaron para su construcción.

Fernández Angarita recordó al ministro Velasco que él está vinculado al trámite de incidente de medida correccional, y que el exministro Alfonso Prada Gil también está involucrado en el caso.

Esta solicitud es parte del mandato constitucional y legal de la Procuraduría en la vigilancia y control de la gestión de entidades públicas, así como de su intervención judicial en la implementación del Plan de Trabajo liderado por el Ministerio del Interior.

La situación en Chocó refleja una problemática más amplia en relación con la seguridad de las comunidades y la protección de sus derechos, lo que requiere una atención y acción inmediatas por parte del Gobierno Nacional. La respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud de la Procuraduría se espera con interés, ya que proporcionará una visión clara de los esfuerzos realizados para cumplir con las órdenes de la JEP.

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