EL ESTADO COLOMBIANO, DECLARADO RESPONSABLE FINAL DE LA MUERTE DE IÑIGO EGILUZ EN 1999.

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El Estado colombiano ha sido declarado cómplice y responsable final de la muerte del cooperante vasco Iñigo Egiluz, ocurrida en un ataque de paramilitares el 18 de noviembre de 1999 en el municipio de Quibdó, según ha hecho público la ONGD Mundubat.

Según Mundubat, la sentencia insta al Ministerio de Defensa y la Policía a conceder a la familia de Egiluz una indemnización económica «como medida de reparación debido a los perjuicios causados por este suceso que pudo haberse evitado».

Iñigo Egiluz era un cooperante de Bilbao de la organización Paz y Tercer Mundo, Hirugarren Mundua Ta Bakea –actualmente Mundubat–, que el 18 de noviembre de 1999 viajaba en un bote de madera por el río Atrato junto al párroco de la localidad de Bellavista, Jorge Luis Mazo, y otras ocho personas, cuando fueron embestidos por una lancha rápida. Esta partió por la mitad la embarcación de madera, propiedad de la ONG Paz y Tercer Mundo, que realizaba labores de ayuda humanitaria en el noroeste de Colombia.

A consecuencia del choque, Egiluz y Mazo fueron arrastrados por la corriente y sus cuerpos fueron hallados poco tiempo después. Los otros ocupantes quedaron a la deriva, pero fueron rescatados más tarde.

El ataque ha sido atribuido a agentes paramilitares pertenecientes a los grupos conocidos como ‘Elmer Cárdenas’ y ‘Bloque Pacífico’, «quienes contaron con la complicidad de agentes estatales para su actuar criminal», señala Mundubat.

La ONGD añade que Egiluz y Mazo murieron «cuando estaban en cumplimiento de una misión humanitaria junto con otros integrantes de la Diócesis de Quibdó y la Corporación Jurídica Libertad. Recorrieron la región azotada por el paramilitarismo para distribuir alimentos entre las comunidades afrocolombianas e indígenas que habían sido desplazadas masivamente y quienes, por ende, se encontraban en una grave situación de crisis humanitaria».

En la sentencia se contemplan también indemnizaciones económicas para la familia de Mazo y la Diócesis de Quibdó, aunque desde Mundubat señalan que el proceso judicial entablado hace ya décadas no buscaba «obtener un beneficio económico», sino «en aras del esclarecimiento de la verdad y la justicia sobre este hecho».

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