Los ex gobernadores Efrén Palacios Serna, Johanny Carlos Alberto Palacios Mosquera y Hugo Arley Tovar Otero fueron acusados de varios delitos en la investigación que se adelanta por el millonario desfalco en el fallido proyecto de gas domiciliario en once municipios del Chocó: Quibdó, Istmina, Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Nóvita, Cértegui, Bagadó, Andagoya, Atrato y Cantón de San Pablo.
El hecho se materializó el pasado 13 de octubre en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá cuando se realizó la audiencia virtual de imputación de cargos, presidida por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez.
El fiscal 1 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Díaz Soto, imputó al exgobernador Efrén Palacios Serna de la posible comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado.
El ex gobernador Johanny Carlos Alberto Palacios Mosquera fue imputado de la posible comisión del delito de peculado por apropiación agravado, en dos concursos homogéneos y agravados.
El ex gobernador Hugo Arley Tovar Otero fue imputado de la posible comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.
En la investigación también fue vinculado Henry Arcadio Lozano Córdoba, quien se desempeñó como Gobernador encargado y Secretario de Gestión Administrativo y Talento Humano del Chocó en el año 2013, a quien la fiscalía le imputa la posible comisión del delito de falsedad ideológica en documento público.
Las cuatro personas involucradas no se allanaron a los cargos de la fiscalía. El magistrado les puso de presente la prohibición de enajenar bienes por los próximos seis meses.
Así terminó la audiencia de imputación de cargos y en los próximos días se convocará a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.
Este proceso penal, con el radicado 11001600010220200021100, tiene relación con el fallido proyecto de gas domiciliario en once municipios del Chocó.
Un desastre total
Chocó 7 días se ha referido desde hace varios años en múltiples ocasiones a este tema. El proyecto de gas natural domiciliario en el Chocó fue planeado en el año 2012. En junio 14 de 2013, siendo gobernador Hugo Tovar, el OCAD Pacífico aprobó los primeros 17.838 millones de pesos de recursos de regalías para iniciar la ejecución del proyecto en la zona del San Juan.
En base a esto, el gobernador Efrén Palacios adjudicó dos contratos. El primero, el 13 de enero de 2014, por 16.680 millones de pesos, con la empresa Universal de Servicios Públicos S.A. ESP para la “construcción del sistema de masificación de gas natural en Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto”. El segundo lo firmó en mayo 26 de 2014, por 1.157 millones de pesos, con la Fundación Especializada en Sistemas y Servicios EPS, para la interventoría.
El 25 de septiembre de 2014 el Ministerio de Minas y Energía firmó con Universal de Servicios Públicos S.A. ESP el convenio 226 por 43.263 millones de pesos para “la masificación de gas natural por redes en Quibdó, para dar cobertura a 28.073 usuarios”.
Y, para subsidios de conexión de gas a 25.929 usuarios en Quibdó, la gobernación del Chocó firmó el convenio 011 de febrero 27 de 2015 con Universal de Servicios Públicos S.A. ESP por 10.413 millones de pesos de recursos de regalías.
En el año 2015 el entonces gobernador del Chocó firmó el convenio 036 con Universal de Servicios Públicos S.A. ESP, por 10.397 millones de pesos para masificación de gas natural domiciliario en Nóvita, Cértegui. Bagadó, Andagoya, Atrato y Cantón de San Pablo.
En total se han firmado convenios y contratos por 81.910 millones de pesos para este proyecto de gas natural domiciliario en el Chocó. ¿Y cuál es el resultado? Un desastre total. Solo se suministró gas a unos escasos usuarios de pocos municipios y desde enero de 2018 se dejó de prestar el servicio.
En noviembre de 2016 la Contraloría General de la República publicó un informe de auditoría sobre proyectos con recursos de regalías en el Chocó. Allí solo analiza el contrato de la gobernación del 13 de enero de 2014, por 16.680 millones de pesos, sobre suministro de gas natural en Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.
Y afirma que en visita técnica realizada en septiembre 10 de 2016 verificó que en ese momento existía una pérdida de recursos públicos por 3.825 millones de pesos que se habían pagado por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente.
La empresa Universal de Servicios Públicos expidió un comunicado donde afirmó que la suspensión del servicio se debía al “cambio climático a través del inclemente invierno, pésimo estado de las vías y problemas técnicos de operación”. A las pocas semanas levantó sus oficinas y desapareció, abandonando redes, instalaciones, y eludiendo sus responsabilidades con miles de usuarios que cancelaron las instalaciones intradomiciliarias en diez municipios.
Con el paso de los días, mese y años se deterioran las instalaciones que se habían habilitado, generando una creciente pérdida de recursos públicos, un elefante blanco, un detrimento patrimonial y un engaño a la comunidad.
En septiembre de 2019 la Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Regalías, publicó un primer informe donde determinó un presunto detrimento patrimonial de $19.436 millones de pesos en este proyecto.
Con base en estos hallazgos de la Contraloría, ahora se adelanta el proceso penal.
Fuente: Chocó 7 días.
