Minería continúa devastando al Chocó ecuatoriano, pese a medidas cautelares y pandemia.

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Representantes de las nacionalidades Chachi y Épera, y de organizaciones negras del norte de Esmeraldas denunciaron ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, el pasado lunes, que actividades mineras se siguen dando en sus territorios, en especial en la región del Chocó, pese a tener medidas cautelares que lo prohíben desde 2011.

Uno de los mayores problemas que se presentan es el “envenenamiento del agua” en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Marlene Corozo, presidenta de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, pidió el “no abandono” de sus comunidades: “Incluso durante este tiempo de emergencia sanitaria la minería legal e ilegal continúa pese a medidas cautelares. Las comunidades de Minas Viejas, La Ceiba, Durango y Santa Rita lo han denunciado”, dijo.

Solo queda el 39% del bosque original del Chocó en Ecuador
Además, aseguró que hay una ausencia de control por parte de las autoridades: “Ya no podemos ir al río a lavar la ropa, tomar agua para cocinar y bañar a nuestros niños. La presión sexual también forma parte de este gran acoso”.

Contó que en noviembre de 2020 murieron cuatro mujeres y un niño luego de un derrumbe de una mina ilegal en la comunidad Los Ajos: “Nadie se responsabilizó de esto”.

En tanto, Isabel Padilla, de la Pastoral Social de Esmeraldas, aseguró que hay “graves consecuencias” por la contaminación aurífera en el bosque del Chocó. “¿Por qué una medida cautelar que se resuelve en 90 días lleva diez años sin resolver? Estamos sufriendo racismo ambiental”, añadió.

 

Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica, afirma que la biorregión del Chocó-Darién tiene un alto grado de endemismo de flora y fauna, de allí la importancia de preservarla.

Un estudio realizado por la organización WWF, publicado la semana pasada, afirma que hay 24 lugares a nivel mundial que tienen una concentración significativa de puntos críticos de deforestación y donde grandes áreas de bosque remanente están amenazadas. Una de las áreas mencionadas en el reporte es la de Chocó-Darién, que se extiende a lo largo de Ecuador, Colombia y Panamá.

De hecho, tres cuartas partes del Chocó ya han sido deforestadas, por lo que quedaría solo un 24 % de su cobertura original, añade Bonilla. Minería, extracción maderera y sembríos de palma aceitera serían las principales causas en el remanente de Ecuador.

“Hay 52 frentes mineros activos en la zona. Pese a las medidas cautelares, el Ministerio de Minas otorgó concesiones de 2011 a la fecha. Exigimos que el Ministerio de Recursos No Renovables controle los permisos dados y que el Ministerio del Ambiente controle y evite los frentes mineros activos”, dice Bonilla.

René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, indicó, ante la comisión, que la secretaría a su cargo ha realizado controles a la minería legal en la zona del Chocó, pero que no es de su “competencia ni gestiona la minería ilegal”.

“La minería ilegal es un delito y está a cargo de otras instituciones del Estado. La minería legal está suspendida, todas las concesiones, incluso aquellas que estaban vigentes antes de las medidas cautelares”, afirmó. Precisó que hay una comisión especial para el control de la minería ilegal.

Estas declaraciones generaron controversia. El asambleísta Juan Cárdenas criticó a Ortiz y afirmó que el dictamen judicial tiene carácter vinculante y establece que queda prohibida toda actividad minera: “No dice legal o ilegal”.

La Comisión de Biodiversidad decidió conformar una subcomisión integrada por los legisladores Jorge Miño e Irina Torres, quienes realizarán una visita in situ al sector del Chocó.

Además, los ministros de Gobierno, de Ambiente, de Recursos Naturales no Renovables y la presidenta del Consejo de la Judicatura fueron citados a la comisión para que informen las acciones que han realizado para el cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas hace diez años. (I)

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