• Después de 26 años, Rodrigo Manrique, su esposa y sus cuatro hijos recobraron la tierra que abandonaron por miedo a que les arrebataran la vida.
Supervivencia, es el instinto que prevaleció en la cabeza de Rodrigo Manrique, cuando decidió dejar su finca a causa de la violencia que vivía la subregión del Urabá antioqueño en los años 90’s. Él solo quería mantener a salvo a su familia, la misma que ahora podrá retornar a ese hogar gracias a la más reciente sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras que ordena que le sea restituido su predio.
Las pruebas aportadas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) al proceso judicial, permitió establecer que Rodrigo, su esposa y sus cuatro hijos, abandonaron forzosamente la “Parcela 20” en el año 1994. La finca ubicada en la vereda El Caimán del corregimiento El Tomate del municipio de San Pedro de Urabá y conocida como La 35, era una zona controlada por la ‘Casa Castaño’ y donde el grupo ilegal tenía su centro de operaciones.
Manrique, afirmó que tomó la decisión por el temor infundido por los paramilitares, que desde 1992 empezaron a perseguir campesinos de veredas aledañas e incluso de la suya. Al ver que asesinaron a sus vecinos, le quitaron la vida a su suegro en un asentamiento cercano, luego ultimaron al esposo de su tía y quemaron las viviendas de varios de los pobladores, decidió abandonar la propiedad y radicarse en la ciudad de Montería, Córdoba, donde inició una nueva vida.
Después de 26 años y gracias al trabajo interdisciplinario de los colaboradores de la URT, recuperó las 22 hectáreas con 6.509 metros cuadrados de su finca. Además, la justicia reconoció se condición de víctima y adulto mayor, por tal razón, tendrá prioridad para ser incluido en los diferentes programas de atención, prevención y protección dispuestos por las distintas instituciones para la población desplazada.
De la mano de los asesores técnicos de la Unidad podrá ejecutar un proyecto productivo para su auto sostenimiento, pero también, según el fallo judicial, recibirá el apoyo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que con un plan de reparación integral les sea brindada la atención en temas de vivienda, educación, salud, alivios y/o exoneración de pasivos, formalización del predio, actualización catastral, seguridad, protección, entre otros.
