La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla- y a la Policía Antinarcóticos reconsiderar la metodología y forma de realización de la audiencia pública ambiental virtual, convocada para discutir la modificación del Plan de Manejo Ambiental -PMA- del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato -PECIG-.
El Ministerio Público indicó que en el país existen grandes dificultades de conectividad en las zonas rurales, lo que no permite garantizar las condiciones mínimas para que las comunidades étnicas, urbanas y campesinas ejerzan su derecho a la participación en esa audiencia virtual, programada para el próximo 27 de mayo.
Para el ente de control, las medidas que se adopten deben ser pertinentes y adecuadas, bajo criterios de transparencia activa y amplio debate, teniendo en cuenta el margen de comunidades y autoridades que podrían ser impactadas con la modificación de los procedimientos del PECIG.
Sostuvo el ente de control que teniendo en cuenta la emergencia que afronta el país como consecuencia del covid-19, se hace necesario que antes de la realización de audiencias públicas no presenciales o virtuales, cada caso sea valorado sin premuras de tiempo y con el mayor detenimiento, atendiendo los contextos propios y las complejidades de cada asunto.
“Es fundamental establecer relaciones de confianza y diálogo con las comunidades, así como presentar en detalle la forma y los procesos que se van a implementar siguiendo los más altos estándares constitucionales antes de avanzar en cada proceso en particular”, precisó el Ministerio Público.
En la comunicación, el órgano de control preguntó a las dos instituciones de qué forma van a garantizar una adecuada convocatoria, la participación ambiental efectiva, la disposición de los estudios ambientales para la consulta de los participantes e interesados y el libre acceso, oportunidad y claridad de la información en la audiencia.
El Ministerio Público expresó su preocupación por el actual estado de confinamiento en que se encuentran las comunidades que podrían verse afectadas por la reanudación del PECIG, pues no podrían desplazarse a sitios donde exista conectividad, hecho que hace más compleja la realización de la audiencia virtual.
A juicio de la Procuraduría, las fuerzas militares y la Policía Nacional deberán establecer un plan de seguridad especial para proteger a los líderes sociales y ambientales, así como a la población rural que ocupa los territorios donde se encuentran los cultivos ilícitos, con continuidad aun después de la celebración de la audiencia.
