Solicitó a la gobernación suspender la ejecución del contrato 0126 de 2020, que tiene por objeto realizar campañas publicitarias y capacitaciones para la prevención del covid-19.
Inició proceso disciplinario al secretario por supuesto sobrecosto en un contrato por más de $1.700 millones, que tenía objeto similar al que dio lugar a la suspensión provisional del mandatario departamental.
Bogotá, 29 de abril de 2020. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al secretario de Salud del departamento, Carlos Tirso Murillo Hurta, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por $130 millones con la Fundación Prosperidad e Innovación para el Chocó, e inició otro proceso disciplinario al secretario por supuestos sobrecostos en un convenio por más de $1.700 millones de pesos, que tenía un objeto similar al que dio lugar a la suspensión provisional del mandatario departamental.
En comunicación dirigida a la gobernación, el Ministerio Público advirtió sobre la inconveniencia del Contrato No. 0126 de 2020, dirigido a la realización de estrategias de información para la promoción y prevención de la pandemia por covid-19, y solicitó suspender su ejecución y canalizar los recursos para garantizar los derechos fundamentales a la salud y la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas.
Advirtió que el documento contractual es el segundo en el que la gobernación del Chocó invierte millonarias partidas en campañas publicitarias y capacitaciones para la prevención del covid-19, “en momentos en que la ejecución de recursos públicos debe centrase en la consecución de insumos médicos y de bioseguridad que permitan atender de manera oportuna a los pacientes infectados por el virus”.
Investigación secretario de Salud
En otro proceso disciplinario, la Procuraduría abrió investigación al secretario de Salud, Carlos Tirso Murillo Hurta, por presuntas irregularidades en el contrato No. 1141 de 2019, por valor de $1.735.775.000, que tenía por objeto la prestación de servicios a través de una jornada de salud para la promoción y prevención, gestión del riesgo y de la salud pública.
El órgano de control busca determinar la existencia de un presunto sobrecosto en el valor del contrato, que fue firmado con la Fundación Etnodesarrollo Social, y que además tenía un objeto similar al 0198 de 2020, por más de $2.000 millones con la Fundación Chocó Saludable, por que se solicitó la suspensión provisional del mandatario por tres meses, para evitar que suscribiera otros negocios jurídicos similares.
Frente a estos contratos llamó la atención de la Procuraduría que la señora Belly Karen Mosquera García figure como representante legal de las dos firmas contratistas.
El ente de control también investiga un supuesto desconocimiento de los principios de contratación estatal, por la presunta suscripción con una persona de naturaleza privada de un negocio jurídico para la realización de actividades que pudieron haberse ejecutado aunando esfuerzos con las Empresas Sociales del Estado del departamento.
Así mismo, un supuesto detrimento al patrimonio, teniendo en cuenta que el personal necesario para la ejecución pudo encontrarse en las EPS o haber sido contratado directamente por la Secretaría de Salud del Departamento, para realizar un programa que hace parte de sus actividades misionales.
la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública.
Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
