De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en estas subregiones de Antioquia y Chocó, los hechos que predominan contra los menores son el desplazamiento forzado, el homicidio y los delitos contra la libertad y la integridad sexual.
En los municipios que componen la Dirección Territorial Urabá-Darién de la Unidad para las Víctimas, se encuentran registrados 105.152 menores de edad entre los 5 y los 17 años, que son sujetos de atención por diferentes hechos violentos que sufrieron de manera directa o porque fueron incluidos por sus familias en la declaración, como consecuencia del conflicto armado.
El desplazamiento forzado, el homicidio, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, y la vinculación de menores en actividades de grupos armados, constituyen algunos de los hechos predominantes en la subregión, para que los menores fueran incluidos en el Registro Único de Víctimas.
Pese al historial de cifras compiladas desde que se implementó la Ley 1448, la Unidad a través de su territorial, integrada por 14 municipios (10 de Antioquia y 4 de Chocó), ha adelantado diferentes acciones para restablecer los derechos a los menores y garantizar su acceso a la ruta de reparación a la que tienen derecho.
Las jornadas proyectándonos y la estrategia psicosocial de acompañamiento integral CreSer, la cual culminó en diciembre de la pasada vigencia, permitieron que niños y niñas entre los 6 y 12 años, aprendieran jugando, sobre sus derechos y sobre las medidas de asistencia y reparación.
Más acciones
Entre otras acciones, se destaca la implementación de la estrategia Mambrú constructor de paz, en alianza con la Agencia para la Reincorporación, a través de la cual, se lograron adelantar actividades conjuntas dirigidas a la población de menores de los sujetos de Reparación Colectiva, específicamente barrio el Bosque en Chigorodó y el colectivo Nueva Colonia en Turbo, iniciativas que aún prevalecen en estos sujetos.
En el mes de marzo, poco antes de iniciar el aislamiento obligatorio, la Unidad para las Víctimas entregó más de $600 millones de pesos, a jóvenes a quienes se les hizo efectiva su indemnización, tras cumplir la mayoría de edad, recurso que estaba en encargo fiduciario.
“Hemos trabajado siempre para que los niños, niñas y adolescentes sean los protagonistas, mediante la garantía y acceso a sus derechos otorgados por la Ley de víctimas, desde el enfoque diferencial, garantizándoles las medidas de satisfacción, reparación y no repetición a las que tienen derecho”, manifestó Elizabeth Granada Ríos, directora de la territorial Urabá-Darién.
La entidad espera darles continuidad a estos programas y jornadas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, aplicando los protocolos y lineamientos para garantizar los derechos de las más de 350.000 víctimas en esta región, como se ha venido ejecutando durante la contingencia.
