El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, propuso acondicionar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), específicamente unos 93 hoteles de propiedad de esa entidad, para recibir unos 40 mil presos, que constituyen la sobrepoblación carcelaria del país.
Sostuvo que sería una forma de solucionar el lío que se tiene ante la posible excarcelación de presos por la propagación del coronavirus en las prisiones.
Afirmó que hay otros bienes de la SAE que podrían ayudar también en la resocialización, ya que de una u otra forma allí no se tiene un resultado concreto sobre los mismos, no los venden y no son monetizados o los siguen teniendo y no están prestando ninguna utilidad para el Estado.
Dijo el Contralor que es preocupante que se tenga una población carcelaria total de alrededor de 123 mil presos con un índice de hacinamiento del 52,25%, es decir una sobrepoblación de 42.284 personas.
A la fecha están en cárceles 37.553 personas en calidad de sindicados, es decir el 30.52% del total de la población carcelaria.
En el caso del Chocó, según el informe que entregó el Contralor en sesión virtual del Congreso, la cárcel de Quibdó tiene una capacidad para 286 internos; pero cuenta con un población de 646 reclusos(628 hombres y 18 mujeres). La población que se encuentra en hacinamiento es de 360 persona, que representa el 125, 87%.
En la actualidad 373 hombres y 12 mujeres están sindicados. Por su parte, 253 hombres y 6 mujeres están condenados.
Resto de cárceles en el país.
El Contralor entregó un listado de las cárceles que registran mayores problemas, donde aparecen las de Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Andes (Antioquia), Valledupar (Cesar), Caucasia (Antioquia), La Paz (Cesar), Apartado (Antioquia), Cali (Valle), Santa Bárbara (Antioquia), Santa Rosa de Osos (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Sonsón (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Aguachica (Cesar), Medellín (Antioquia), Armero-Guayabal (Tolima), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja (Santander) y Pensilvania (Caldas).
