Estas entidades, corazón del sistema nacional ambiental de Colombia, manejan el 80% de los recursos asignados por el Estado para conservar el ambiente.
El presupuesto anual de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Colombia es de 3,3 billones de pesos y, aunque en teoría son las responsables de proteger los recursos naturales, hay muchas denuncias sobre sus gestiones.
Algunos de estos señalamientos van desde clientelismo y nóminas paralelas hasta participación en política y corrupción administrativa.
“Un director de la CAR ejerce más poder que un gobernador o que muchos alcaldes”, asegura Fernando Carrillo, procurador general de la Nación.
El jefe del Ministerio Público sostiene, además, que “las CAR son un hueco negro a nivel del manejo del medio ambiente”.
“En una gran paradoja porque el tema del futuro de todas las sociedades es el manejo del ambiente y en Colombia se le entregó a la clase política regional y al clientelismo”, afirma.
Según él, en estas entidades, creadas en 1993, se manejan tras bambalinas poderes ocultos, corruptelas muy finas e intereses particulares.
“Yo les decía a los jefes de los partidos políticos, al día siguiente de la consulta anticorrupción: ‘este país de verdad le va a mostrar la cara de la decencia y la realidad de la lucha contra la corrupción el día que reforme las Corporaciones Autónomas Regionales’”, dice Carrillo.
Actualmente, hay 698 procesos en la Procuraduría contra las CAR, 396 están en preliminares; 184, en investigación disciplinaria; 73 son quejas y 45 están en intervenciones preventivas.
Se indagan denuncias por participación en política, contratación irregular, nóminas paralelas, corrupción en el otorgamiento de licencias ambientales, concesiones o permisos y hasta el indebido manejo de recursos como la sobretasa ambiental.
“Creo que, en general, hay unas estructuras corporativas que caminan por el Código Penal, unas estructuras corporativas que no consultan el interés general y que responden es a la variable política de turno. Son mafias en el sentido de que son estructuras de crimen organizado”, señala el procurador.
Las corporaciones autónomas con mayores investigaciones son la Carder de Risaralda, con 66 expedientes; la CAR de Cundinamarca, con 41; Corpoboyacá, con 38; Cormagdalena, con 37; Corpocesar, con 35; la Corporación Autónoma de Santander -CAS-, con 32; Cardique en Bolívar, con 31, y la CVC del Valle del Cauca, con 30.
Aunque no lo dice, Carrillo sabe que muchas de esas corporaciones tienen padrino político propio y está indagando.
“El medioambiente no tiene doliente en Colombia y esa es la premisa mayor de la cual se derivan todos los demás problema. Si tuviera doliente, hace mucho tiempo habíamos reformado las CAR”, asevera.
En esa misma línea de hallazgos, la Contraloría se declara alarmada. La ejecución de estas entidades no pasa del 60% y, tan solo en auditorías realizadas a 16 de 33 corporaciones en el primer semestre de 2019, se documentaron 364 irregularidades administrativas, 206 disciplinarias, 33 penales y 46 hallazgos fiscales por casi 88 mil millones de pesos. En la lista de observaciones aparecen proyectos de envergadura nacional.
“Estamos hablando del Túnel de la Línea, donde se evidencian hallazgos fiscales por cerca de 61 mil millones de pesos; del Triángulo del Tolima, con hallazgos por cerca de 19 mil millones de pesos por el incumplimiento básicamente de las obligaciones ambientales que se tenían, estamos hablando de Corpocesar, con hallazgos por más de 5 mil millones de pesos”, dice Ricardo Rodríguez, vicecontralor de la República.
Para el funcionario, el diagnóstico es así de preocupante.
“La gestión que tienen revelada las corporaciones deja mucho que desear. Los hallazgos que más se repiten es el desvío de los propósitos de los recursos, pues terminan siendo utilizados para otro tipo de asuntos diferentes a la protección del medio ambiente”, asegura.
Aunque la Justicia indaga varios frentes de investigación en distintas corporaciones autónomas, uno de los expedientes más delicados se relaciona con el posible tráfico de madera que habrían permitido algunas CAR.
Un extenso reporte del pasado 2 de septiembre de 2019 tiene con las alarmas encendidas a las autoridades. Allí se documentan graves irregularidades en la plataforma vital de la autoridad de licencias ambientales, Anla, donde las CAR reportan sus trámites.
La Procuraduría descubrió la presunta adulteración de 1.233 salvoconductos en línea para permitirles, a particulares, el transporte de recursos renovables, en este caso, de madera. La adulteración pretendía comercializar ilegalmente el doble de la cantidad de madera permitida por la ley.
“Esta conducta constituye un presunto hecho de corrupción de funcionarios públicos que, aprovechando su cargo y funciones, adulteran una plataforma para permitir legalizar especímenes de diversidad biológica obtenidos en el comercio ilegal de tala o tráfico”, dice el reporte.
En total, 18 directores de corporaciones autónomas regionales y tres de entidades locales están siendo investigados por estos hechos.
“El cargue irregular de los 1.233 ejemplares de salvoconductos realizado en 21 autoridades ambientales compromete, en primer término, a sus representantes legales, a quienes el Ministerio de Ambiente confió expresamente las claves de usuario y contraseña”, agrega el informe.
En dicho documento se ven los reportes técnicos de las distintas corporaciones que están bajo sospecha y, en otro del 2 de octubre pasado, Diego Trujillo, procurador para Asuntos Ambientales, revela una conclusión escalofriante.
“Esto se constituye en un motor de deforestación, porque muchas maderas obtenidas como producto de talas ilegales y tráfico resultan amparadas con documentos oficiales, como son los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea. De esta forma, se crea un subregistro frente a las estadísticas de talas ilegales y de volúmenes de madera en el mercado, además de impedir el pleno ejercicio de control y vigilancia que se realizan”, señala.
En el expediente se lee, por ejemplo, que con el mismo salvoconducto se transportó una carga de madera del Quindío al Atlántico y otra de Santander a Boyacá.
Incluso, dice que se autorizó un volumen de movilización de madera muy superior al permitido. Todo parece muy técnico, pero, en esencia, se investiga la tala injustificada de árboles en todo el país bajo una fachada de legalidad. La Procuraduría lo resume así: “Se requieren castigos ejemplares para quienes permitieron cometer este ilícito de gran impacto social y ambiental en contra de los recursos naturales”.
Múltiples correos en poder de Noticias Caracol evidencian que, tras los hallazgos, la Anla ordenó bloquear estos 1.233 salvoconductos, al parecer, alterados.
La Procuraduría envió estos hallazgos a la Fiscalía, un caso que podría asignar responsabilidades por la magnitud de la deforestación. Los números crudos sostienen que, en 2017, Colombia perdió 220.000 hectáreas de bosque.
