En medio de una crítica situación humanitaria que les hace pensar que la masacre de mayo de 2002 se puede repetir, los habitantes de este municipio piden que las obras contempladas en los PDTE se empiecen a ejecutar cuanto antes. Confían en el Estado y no quieren que los defrauden otra vez.
Impacientes y esperanzados. Así estaban una veintena de líderes indígenas y afro que asistieron al lanzamiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el Chocó, la semana pasada. Sentados bajo una carpa blanca en el mirador de Bellavista, los habitantes de Bojayá escucharon los discursos y presenciaron la entrega, por parte del alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, de los documentos que acreditan las dos iniciativas productivas con las que arrancó la ejecución de estos proyectos en los que trabajaron durante casi tres años.
El primero es la Agrotienda Fluvial Interétnica, un barco con capacidad de treinta toneladas, que compra productos de primera necesidad en Quibdó, recorre el río Atrato y hace paradas en trece lugares para abastecer a los habitantes de las poblaciones ribereñas de San Antonio de Padua, Buchadó, Paloblanco, Santa María y Arenal, entre otras. En esta región del medio Atrato la única vía de comunicación es el transporte fluvial, que encarece aun más la vida, en medio de la pobreza (un galón de gasolina cuesta $15.000). Por eso, en su primer día, el barco vendió todo antes de terminar el recorrido. Arroz, pollo, aceite y panela fueron los productos más apetecidos
La segunda obra es una casa multipropósito, en el casco urbano de Vigía del Fuerte, que sirve de centro de acopio, casa de paso para los niños y niñas que vienen de los resguardos a estudiar y como sede para la organización indígena. Ambos proyectos benefician a cerca de 1.500 familias que recibieron, además de capacitación, dotación en insumos y equipos como bombas, fumigadoras y guadañadoras, más el establecimiento de 117 hectáreas de cultivo de arroz.
Estas obras fueron planeadas y ejecutadas por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), conformado por 124 consejos comunitarios afro y resguardos indígenas. Recibieron asistencia técnica de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Hacen parte de un paquete de proyectos que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) desarrolla en los catorce municipios PDET, doce de Chocó: Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Condoto, Sipí y Litoral del San Juan; y dos de Antioquia: Vigía del Fuerte y Murindó.
Beatriz Eugenia Moreno Moreno fue, como funcionaria de la ART, la persona que lideró todo el proceso de concertación con las comunidades durante algo más de dos años. Por eso tal vez era una de las personas que más expresaba su alegría en el evento. Con mapa en mano, señalaba el recorrido del barco por el río Atrato mientras hablaba de que este ejercicio les había servido para encontrarse, entenderse, soñar y transformar vidas. Y les hizo un llamado a los alcaldes entrantes: “No hay otra manera de entendernos en el desarrollo si no nos vemos como una sola organización étnica y si no asumimos que nuestra conexión es el río Atrato”.
Eugenio Bailarín, indígena emberá eyabida y dobida de Vigía del Fuerte, reconoce que el conflicto armado rompió el tejido social y fracturó las organizaciones sociales. Pero después de cientos de talleres, reuniones y asambleas, acepta que lo mejor de este proceso de concertación para el PDET fue que afros e indígenas se tuvieron que sentar a hacer un diagnóstico de sus necesidades. “Nos puso a articularnos con el vecino, rompió diferencias entre nosotros, nos tuvimos que integrar. Hicimos consulta con sabios y ancianos; ahora esperamos que lo desarrollen como nos quedó en el programa”.
Ese pedido lo repitieron varios de los líderes mientras esperaban que el helicóptero llegara con la comitiva oficial desde la capital (una imagen que se ha repetido durante años). Por primera vez sentían que los habían tenido en cuenta a la hora de definir las obras e inversiones que necesitaban y que las decisiones no provenían, como había sido siempre, de un funcionario que despachaba desde un escritorio en Bogotá o Medellín.
“Nuestra situación actual es producto de la guerra y del abandono estatal. Hoy tenemos comunidades confinadas; apenas ayer hubo enfrentamientos porque estos actores pasan, entran y no pasa nada. La Armada está presente en la orilla y ¿qué pasa hacia adentro?: que están los ilegales”. La demanda la hace Nilson Chamorro, emberá dobida que lidera la Mesa Departamental Indígena del Chocó.
Él dice lo que muchos pobladores solo mencionan en voz baja. Hay miedo, zozobra y hambre. Indígenas y afros están confinados en sus territorios sin poder salir a pescar ni a cortar un racimo de plátano. En el último año, la guerra entre el Eln y las Agc se libra ante los ojos indolentes de muchas autoridades.
Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo del 9 abril de este año señala la grave situación humanitaria por la expansión del Frente Resistencia Cimarrón del Eln y las Agc en territorios colectivos ubicados en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá y la subcuenca del río Cuía. El documento dirigido a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reportó enfrentamientos armados y la ocurrencia de desplazamientos individuales, amenazas, secuestros y la imposición de normas de conducta y sanciones a la población civil.
La situación viene siendo advertida desde enero de 2018, en otra alerta temprana, porque se evidenció que tras la salida del frente 57 de las Farc, estos dos actores estaban consolidando su presencia en estos territorios. Tal como mencionó el alcalde de Bojayá, en diálogo con Colombia 2020 de El Espectador, la tranquilidad tras la firma del Acuerdo de Paz no les duró ni un año.
Por eso Nilson y sus hermanos emberás se quejan: “Duele, porque no podemos seguir encerrados en nuestro territorio”. Pero ya decidieron que esta vez no saldrán corriendo. Ya saben lo que es vivir hacinados en Quibdó, Medellín o Bogotá. Ya sufrieron las consecuencias de la pérdida de sus costumbres y tradiciones, ya probaron a qué sabe la descomposición de sus comunidades y la pérdida de sus liderazgos. Se quedan, desplazarse no es la solución.
“Las comunidades no van a salir más del territorio, vamos a resistir allá. El problema es que allá no llega nadie, si viniéramos desplazados aquí, vendrían las oenegés y las agencias humanitarias. Quedarse implica soportar hambre, enfermedades, que los niños no puedan ir a estudiar. Es estar asustado y encerrado”, explica Nilson. Por eso no les parece exagerado decir, como lo dicen en los corrillos, que se sienten en una situación tensa, muy parecida a la que desencadenó la masacre del 2 de mayo de 2002. “Ojalá no venga otra tragedia”, repiten.
Pero hay otras opiniones. Fredy Romaña, líder de la Asociación de Productores de Plátano del Medio Atrato, que agrupa a 600 familias, dice que los problemas de seguridad son una excusa para no llegar con los planes de desarrollo a estas comunidades. Y cuenta que a Bojayá han ido la fundación de Virgilio Barco Isakson, la ANDI, la cooperación de Estados Unidos y los dueños de Crepes & Waffles, entre otros. “No queremos que nos regalen nada, queremos trabajar, ya tenemos la capacidad, ya sabemos cómo hacerlo”.
Y mientras el consejero Archila hablaba de lo mágico que resultaba el hecho de que todo el gabinete del presidente Iván Duque se hubiera desplazado a las 16 zonas PDET para lanzar las primeras obras y el alcalde de Bojayá hablaba de un día histórico para su municipio, los líderes, sentados bajo la carpa blanca, pedían ejecutar ya los proyectos. “Ya no más talleres”.
Cortesía: El espectador
