Licitantes de Invías y Fontur habrían violado la libre competencia, en un proceso de selección que tenía por objeto el mantenimiento del Río Truandó cuenca del Río Atrato en el municipio de Riosucio (Chocó).

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Por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económico en el marco de 5 procesos de selección contractual, adelantados por Invías y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos, según anunció este lunes.

La Superindustria les formuló pliego de cargos.

Con los contratos se iban a realizar distintas obras de infraestructura fluvial, como construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de muelles en ríos.

Según la SIC, «la conducta investigada habría consistido en la implementación de una estrategia por la cual, las empresas controladas por Daniel Velasco González (de DVG) y Proteco, se presentaban en los procesos de selección aparentando independencia y competencia entre ellas, cuando en realidad sus propuestas presuntamente estaban coordinadas, con el propósito de incrementar la probabilidad de que alguna de las empresas resultara adjudicataria de los procesos correspondientes en detrimento de sus competidores».

Según manifestó la SIC, DVG S.A.S. y Proteco S.A.S. decidían de manera conjunta a qué procesos se presentarían, gestionaban los requisitos para presentar las propuestas, definían de manera conjunta el valor de las propuestas y, finalmente, ejecutaban mancomunadamente los contratos que les eran adjudicados.

El Invías interpuso una queja que fue formulada por uno de los competidores de DVG S.A.S. y EPROTECO S.A.S. en un proceso de selección que tenía por objeto el mantenimiento del Río Truandó cuenca del Río Atrato en el municipio de Riosucio (Chocó).

Según aclara la SIC, la investigación adelantada no involucra la conducta de ningún funcionario público del Invías ni de Fontur.

Habrá sanciones
De acuerdo con lo expresado por la Superintendencia, «en caso de que, como resultado del proceso administrativo sancionatorio se declare que existió una violación de las normas de la libre competencia económica, el organismo de control puede imponer multas entre 100.000 y 2.000 salarios mínimos, dependiendo de si la multa es para los agentes del mercado o para las personas naturales.

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