Nueva condena por corrupción contra ex asesora jurídica de la cárcel de Apartadó (Antioquia).

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La sentenciada aceptó cargos por recibir dinero para facilitar la fuga de un cabecilla del Clan del Golfo.

Luego de avalar el allanamiento a cargos de la procesada, el Juzgado 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia), con funciones de conocimiento, sentenció a 40 meses de prisión a la abogada Elizabeth Cossio Carabalí, ex asesora jurídica de la cárcel El Reposo de la citada población, por el delito de cohecho propio.

También por terminación anticipada del proceso y por la misma conducta delictiva, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó condenó a 4 años de prisión al exdragoneante del Inpec Giovanny Suárez Rincón, quien recibió el beneficio de casa por cárcel por su calidad de padre cabeza de familia.

Dentro del mismo caso, en diciembre de 2018, Cossio Carabalí fue sentenciada a 6 años y 9 meses de prisión por los delitos concierto para delinquir, falsedad material en documento público, falsedad personal y favorecimiento de fuga de presos. En ambos casos a la abogada también se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, Cossio Carabalí recibió 100 millones de pesos para facilitar la fuga del cabecilla del Clan del Golfo, Rubén Darío Ávila Martínez, alias Lorenzo, quien estaba condenado a 32 años de prisión por el homicidio del personero municipal de El Tarra (Norte de Santander).

Los investigadores establecieron que el 18 de junio de 2014, y contradiciendo una orden directa del director del penal, la entonces funcionaria ordenó sacar de su celda a alias Lorenzo para que se reuniera en la Oficina Jurídica del reclusorio, con un falso  fiscal que después fue identificado como Oliverio José García Díaz. El interno aprovechó la oportunidad y huyó del lugar con la complicidad de otro miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El 28 de septiembre de 2018, el particular García Díaz se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y narró los pormenores de la fuga y de la participación de los funcionarios públicos en la evasión. Explicó que se entregaron 100 millones de pesos antes de la fuga y que luego se pagarían otros 50 millones de pesos.

Esta última cifra no fue cancelada por Ávila Martínez, quien fue abatido dos años después por las autoridades militares en la misma región de Urabá. Al momento de su neutralización, alias Lorenzo tenía más de 70 órdenes de captura expedidas por autoridades judiciales de diferentes partes del país.

Por hechos relacionados con la fuga del citado cabecilla criminal, también está acusado el ex juez segundo penal del Circuito de Apartadó, Antonio María Martínez Montero, quien ya fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el 19 de enero de 2017, en otro proceso que se le adelantó por el delito de prevaricato por acción.

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