Tras más de tres años de etapa administrativa en el proceso de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radica hoy viernes 1 de diciembre la demanda que inicia la etapa judicial para devolver la tierra de aproximadamente 5.000 personas del Bajo Atrato.
– Se teme por la seguridad de los integrantes del Consejo Comunitario, pues en lo que va corrido del año, tres líderes han sido asesinados, el último de ellos fue Mario Castaño, quien el pasado domingo murió a manos de hombres armados que le dispararon en su casa, frente a su esposa, hijos y nietos.
Al radicar la demanda de restitución de derechos territoriales del consejo comunitario de Los Ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu), inicia la etapa judicial del proceso que empezó en septiembre de 2014 y que busca devolver la tierra a las 49 comunidades negras, integradas por alrededor de 5.000 personas, que reclaman 107.064 hectáreas en Ríosucio (Bajo Atrato), de las que fueron desplazadas entre 1996 y 2000 por grupos ilegales.
Aunque por ley, el territorio de Cocolatu pertenece a las comunidades –Resolución N° 02805 del 22 de noviembre de 2000 del Incora–, hoy más del 90% de las tierras productivas están en manos de empresarios o poseedores de mala fe que controlan y usufructúan la zona, y que se han apropiado de ella mediante el uso de un patrón de macro criminalidad: desplazamiento, amenaza directa y homicidios, entre otros métodos; y por medio de una serie de artilugios jurídicos: compras ilegales, arriendos fraudulentos, ocupaciones de facto, y accesiones, entre otros.
El proceso formal inició el 10 de septiembre de 2014, cuando la Unidad de Restitución de Tierras inició la gestión de inscripción del territorio en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, mediante Resolución RZE – 0052. El plazo dado por el Decreto ley 4635 de 2011 para la etapa administrativa era de 4 a 6 meses, pero lleva más de tres años y dos meses, finaliza hoy que se radica la demanda.
Hoy se da el segundo gran paso del proceso con la radicación de la demanda, es el inicio de la fase judicial, etapa fundamental de recolección de pruebas y participación oficial de los actores que se opondrán al proceso, dentro de ellos empresarios poderosos de la región como: José Vicente Cantero, Jaime Uribe Castrillón, Wilmer Dorance Romero, Francisco Castaño y empresas mineras como la AngloGold Ashanti Colombia.
La seguridad de los líderes
En lo que va corrido del año, tres líderes del Consejo han sido asesinados. El último de ellos fue Mario Castaño, quien murió el pasado domingo 26 de noviembre al recibir disparos de hombres que llegaron hasta su casa y lo mataron frente a su esposa, hijos y nietos. Mario era conocido por sus claras y directas denuncias contra los ocupantes, la presencia de actores armados y el uso de la tierra para cultivos ilícitos.
Se teme por la vida de todos los miembros del Consejo Comunitario, especialmente de los principales líderes y lideresas del proceso, pues en la etapa judicial, que podría durar aproximadamente tres años, es muy posible que se recrudezcan las amenazas y atentados. Las medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no son las más adecuadas ni garantizan realmente la protección y preservación de la vida de los reclamantes.
