La Fiscalía General de la Nación capturó a los docentes Fresis Alberto Martínez Perea, Edgar Ramiro Mosquera Tovar, Cruz Elena Murillo Hurtado y Raquel Machado Rivas por ser presuntos responsables de los delitos de falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.
La investigación está relacionada con las presuntas irregularidades cometidas en la reclamación fraudulenta de una pensión denominada prima de gracia, que algunos profesores del departamento del Chocó pretendían realizar al sistema pensional del sector educativo.
Las irregularidades fueron detectadas por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en los municipios chocoanos de Istmina, Tadó y Quibdó, en los que se alcanzaron a pagar más de 260 millones de pesos por medio de nombramientos fraudulentos de algunos docentes para los años 1979 y 1980. Gracias a las labores investigativas desarrolladas por la Fiscalía se evitó que el monto de la defraudación ascendiera a más de cuatro mil setecientos millones de pesos ($4 700 000 000).
Aproximadamente 60 docentes, a través de abogados, gestionaban estos trámites ilegales para que les fuera reconocida la pensión de jubilación.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía y el Juzgado Primero Penal Ambulante de Quibdó, con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Por estos hechos han sido judicializadas más de 60 personas, entre ellas docentes, abogados, un secretario de Gobierno municipal de Istmina y un ex secretario General de ese mismo municipio.
