Procuraduría General de la Nación participó activamente en sesión de la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional del Chocó

En el marco de Comisión Regional del Ministerio Publico para la Justicia Transicional del Chocó, la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas y los Desmovilizados y los personeros municipales expusieron ante el Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, las diferentes problemáticas que aquejan a esa comunidad.

 
Entre los aspectos expuestos se destacan:
 
-La existencia de inconformidades en la toma de declaraciones para la inclusión en el Sistema de Registro Único de Víctimas, por lo que se requiere con urgencia revisar la mora superior a 120 días en la decisión de incluir o no a las personas dentro de dicho registro. En ese sentido, se afirmó que en muchas ocasiones se les niega la inclusión no obstante haber manifestado las razones por las que no presentaron su declaración dentro del término de ley (el temor a declarar por cuanto en esa región persisten tres grupos armados BACRIM,  FARC y ELN, desconocimiento del término, desconfianza en las administraciones locales) por lo que solicitaron tener en cuenta estas situaciones. 
 
-Existen municipios donde se continúan presentado desplazamientos masivos, sin que se hagan efectivas las rutas de emergencia. 
 
-La falta de capacidad institucional, de recursos humanos y de conectividad para llevar a cabo el diligenciamiento de los instrumentos de la estrategia de corresponsabilidad. 
 
-No hay voluntad política a nivel nacional y regional que permita la implementación de la política pública en este Departamento.
 
-No hay una correcta caracterización de la población  víctima,  toda vez que existen municipios en los que el 50% de sus habitantes son población negra y el otro 50% son indígenas. El sistema de valoración del núcleo familiar no es oportuno al no tener en cuenta que la mayoría de las víctimas residen en veredas y corregimientos que distantes. 
 
-Hay víctimas que deben trasladarse a recibir su  ayuda humanitaria a un municipio diferente al que residen, situación que los  obliga a asumir altos costos de transporte alimentación y hospedaje en detrimento de la ayuda recibida. 
 
-La institucionalidad no ha presentado ningún tipo de solución al confinamiento. 
 
-Persisten zonas donde no hay presencia de la fuerza pública lo que conlleva a que los grupos insurgentes cometan atropellos contra la población civil, violatorios de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
 
En la sesión se hicieron presentes el procurador delegado para el Apoyo a Víctimas y los Desmovilizados y también Presidente de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional, el procurador regional del Chocó, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la coordinadora de la Defensoría Pública del Chocó, la directora de la Unidad de Víctimas Regional Chocó, la coordinadora regional del Sistema de Alertas Tempranas, el procurador judicial en lo penal, asesores de la Procuraduría Delegada para Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado, personeros municipales  de  Nuquí,  Cantón de San Pablo, Alto Baudó, Acandí, Bajo Baudó, Rio Iró, Medio San Juan, entre otros municipios y los desmovilizados. 

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