Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación fue declarado nulo el Decreto 0122 de 2018, en el que la alcaldía de Quibdó fijó las tarifas para el servicio del sistema de transporte colectivo de pasajeros de la ciudad, porque omitió el estudio de costo para fijar las nuevas con lo que desconoció obligaciones legales.
El juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó declaró la nulidad del decreto al evidenciar que el ente territorial omitió la elaboración de los estudios técnicos, proceso que se debía realizar con la aplicación de las metodologías fijadas por el Ministerio de Transporte para la determinación de las nuevas tarifas, con lo que incumplió con las formalidades exigidas por la ley.
Por lo anterior, el juzgado consideró que con lo dispuesto en el Decreto 0122 se violó el marco normativo de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte.
La Procuraduría solicitó la nulidad del decreto con el fin de restablecer el orden jurídico quebrantado por la alcaldía de la época, luego de conocer el derecho de petición presentado por varios ciudadanos de Quibdó, en el que manifestaron que la administración municipal no realizó el correspondiente estudio de costos.
