El ente de control anunció que se imputarán cargos a estos funcionarios por presuntas irregularidades de contratación durante la emergencia sanitaria por el covid-19.
La Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación dieron a conocer este miércoles nuevos avances en defensa de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia ocasionada por el coronavirus.
El Fiscal General, Francisco Barbosa, informó así que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, y lavado de activos.
Por otra parte, debido al material probatorio recopilado por los grupos de policía judicial y los equipos de fiscales se solicitarán audiencias de imputación contra cuatro alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.
A algunos de estos mandatarios se les pedirá medidas de aseguramiento de acuerdo con su grado de participación en las conductas que se les atribuyen y en atención a los lineamientos de la directiva 0001 de 2020. Los alcaldes son:
1. Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro.
2. Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias.
3. San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas.
4. El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina.
Según la Fiscalía, en los últimos 15 días, este ente de control verificó 180 nuevos contratos que se suman a los más de 3.000 que han sido revisados en el marco del plan articulado denominado ‘Transparencia por la emergencia’.
Además, durante las dos semanas se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país, reportó la entidad.
De otro lado, la Fiscalía indicó que, según elementos obtenidos en varias investigaciones, también se imputará y pedirán algunas medidas de aseguramiento a otras 17 personas, entre funcionarios y contratistas, ellas son:
Secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo.
Representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora.
Exsecretario de Salud de la Gobernación de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado.
Director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes.
Supervisor de contrato, capitán del Ejército Nacional Hárold Cárdenas Mesa.
Jefe de contratos de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz.
Contratista de Medellín, Luisa María Zapata Castiblanco.
Exjefe de la Oficina de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga.
Exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil.
Secretario de Educación e Integración Social de Necoclí (Antioquia), Elías Manuel Carmona Ramírez.
Contratista en Necoclí (Antioquia), María Luisa Cuesta Machuca.
Secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario de Barbosa (Antioquia), Daniel Fernando Alcaraz Múnera.
Director Administrativo de Planeación en Barbosa (Antioquia) -supervisor de contrato Hugo Aldemar Suárez Osorno.
Conductor de la Empresa Social del Estado (ESE) del Perpetuo Socorro en Villavieja (Huila), Jesús Aníbal Camacho Manrique.
Jefe de Gobierno y Desarrollo Social de San José de Miranda (Santander), Mónica Alejandra Corzo Rey.
Contratista en San José de Miranda (Santander), Lucy Amparo Báez Suárez.
Docente y contratista en El Charco (Nariño), Jorge Eliécer Suárez Gamboa.
Finalmente, la Fiscalía indicó que en los próximos días se tomarán otras decisiones por conductas penales relacionadas con corrupción durante el estado de emergencia social, económica y ecológica decretado desde marzo por el gobierno del presidente Iván Duque.
