La Fiscalía General de la Nación ha recibido una denuncia penal interpuesta por Yulesmy Patricia Asprilla Bolívar contra el alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, y el secretario de Medio Ambiente y Agricultura, Fernando Acevedo Beytar, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, contemplado en el artículo 413 del Código Penal Colombiano.
Según la denuncia, el alcalde expidió el Decreto 015 del 9 de enero de 2025, mediante el cual modificó la naturaleza del cargo de Comisario de Familia, transformándolo en un puesto de libre nombramiento y remoción, a pesar de que la ley establece que es un cargo de carrera administrativa sujeto a concurso de méritos. Posteriormente, el secretario de Medio Ambiente, en su condición de alcalde encargado, expidió el Decreto 050 del 27 de enero de 2025, mediante el cual declaró insubsistente a la denunciante, quien se desempeñaba como Comisaria de Familia en provisionalidad desde abril de 2023.
La denunciante sostiene que ambos funcionarios emitieron actos administrativos contrarios a la normativa vigente, ignorando lo dispuesto en la Ley 2126 de 2021 y su posterior modificación en la Ley 2294 de 2023, que regula la creación y funcionamiento de las Comisarías de Familia. En su argumentación, Asprilla Bolívar enfatiza que el acuerdo municipal invocado por la administración local para justificar su destitución había sido derogado desde la promulgación de la ley, lo que dejaría sin sustento legal las decisiones tomadas.
Además, la denuncia señala que este no sería un caso aislado, ya que existe un antecedente reciente en el cual el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó declaró nulo un acto administrativo similar, en el que se dejó sin efecto el nombramiento de otra funcionaria en la Comisaría de Familia de Riosucio.
Ante estos hechos, la Fiscalía General de la Nación deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra los dos funcionarios y esclarecer si se configuró el delito de prevaricato por acción, que se produce cuando una autoridad pública expide decisiones manifiestamente contrarias a la ley.
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