En un llamado unificado por la paz y la seguridad, gobernadores de diversas regiones de Colombia han exigido la recuperación del orden público y han solicitado a los grupos ilegales demostrar su compromiso con la paz a través de acciones concretas. Este pronunciamiento surge como respuesta a recientes actos de violencia, incluyendo un paro armado en Chocó y un ataque a una ruta escolar en Piamonte, que han generado preocupación nacional.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) se ha sumado a la petición del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, instando a los grupos implicados en el proceso de paz total a actuar de manera coherente con los principios de este y cesar los ataques contra la población civil. La FND ha destacado la urgencia de adherirse al Derecho Internacional Humanitario, condenando los recientes episodios de violencia atribuidos al ELN y a las disidencias bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’, con quienes previamente se habían establecido ceses al fuego y otros alivios humanitarios.
Los hechos violentos en Chocó, Jamundí, y el ataque en Piamonte han sido calificados por la agremiación como violaciones flagrantes de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, requiriendo acciones decisivas para prevenir su repetición y para llevar a los responsables ante la justicia. Además, se ha hecho un llamado específico para proteger a los 27.000 colombianos afectados por el paro armado en el Bajo San Juan en Chocó y para poner fin a los hostigamientos en Tuluá, Valle del Cauca.
La prioridad expresada por los gobernadores es clara: alejar a la población civil, especialmente a los menores, de los conflictos armados, tanto contra las fuerzas del orden como entre los grupos ilegales. “Incluso la guerra tiene límites”, enfatizaron, subrayando que la verdadera voluntad de paz se demuestra únicamente con el cese de la violencia. La seguridad, enfatizan, es un derecho fundamental y una pieza clave para el bienestar y desarrollo de las regiones colombianas.
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